La Corte Constitucional inició una fase de seguimiento a la sentencia que los vocales habrían incumplido.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) está nuevamente envuelto en un escándalo, esta vez cuatro de sus vocales son investigados por los delitos de usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
El 24 de enero del 2024, miembros de la Policía Nacional y de la Fiscalía General del Estado allanaron las oficinas del organismo, de la que se llevaron dos teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, un disco duro y documentos que estarían relacionados con los hechos indagados.
Los investigados son los consejeros Eduardo Franco Loor, Nicole Bonifaz, Yadira Saltos y Augusto Verduga, a este último se le arrebató a la fuerza su teléfono, cuando se negó a entregarlo a los miembros de la Policía. Los cuatro integran la denominada ‘Liga Azul’, vinculada con el correísmo.
Motivos de la denuncia
Santiago Peñaherrera, coordinador de Asesoría Jurídica del Cpccs, informó que el parte de la Fiscalía señala que la denuncia fue colocada por Roberto Romero von Buchwald, quien el 4 de diciembre del 2024 fue nombrado superintendente de Bancos pero, no fue posesionado por la Asamblea Nacional y su designación fue dejada a un lado cuando la mayoría correísta nombró en el mismo cargo a Raúl González.
Al momento, Roberto Romero von Buchwald cumple funciones como delegado permanente del presidente Daniel Noboa en el Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, su nombramiento se hizo a través del Decreto Ejecutivo 509.
La designación de González se basó, según el pleno del Cpccs, en una sentencia de la Corte Constitucional que, establece que se vulneraron sus derechos cuando, el 20 de julio del 2022 se lo nombró superintendente, fue posesionado por la Asamblea Nacional, pero el Gobierno de Guillermo Lasso no le permitió ejercer el cargo, pues le había retirado su apoyo por sus supuestas vinculaciones correístas.
El caso en la Corte Constitucional
Para Roberto Romero los consejeros, al nombrar a González no solo cometieron un delito, sino que desobedecieron un fallo de la Corte Constitucional del 5 de diciembre, por lo que pide que se les destituya.
¿Qué dice la sentencia de la Corte? Aunque el máximo órgano de justicia constitucional, en su sentencia 372-23-EP/24, le dio la razón a González, en cuanto a la vulneración de sus derechos, también dejó claro que esto no anula la designación de Roberto Romero.
En su pedido, Romero señaló que, con su actuación la mayoría del Cpccs se arrogó funciones al interpretar un fallo de la Corte, lo cual ocasiona “una grave afectación al orden constitucional”.
El constitucionalista José Chalco coincide en que los vocales del Cpccs de la ‘Liga Azul’ han incumplido una orden de autoridad legítima, que en este caso es la Corte, lo que, como consecuencia, podría desencadenar en su destitución.
Pronunciamiento de la Corte Constitucional
El 24 de enero del 2024 la Corte Constitucional informó que empezó una fase de seguimiento a su sentencia 372-23-EP/24 y ratificó que, el declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica de González no afecta los nuevos procesos, es decir, la elección de Romero.
Además, el pleno de la Corte Constitucional, por unanimidad, archivó el caso, tras negar a González los recursos de aclaración y ampliación.
También recordó que la sentencia del 5 de diciembre, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 440 de la Constitución, tiene carácter de definitiva e inapelable.
Conformación de la nueva mayoría
El pasado 14 de enero se incorporó al Cpccs, Eduardo Franco Loor, exabogado del exvicepresidente Jorge Glas, con lo que las fuerzas dentro del Consejo se modificaron y el correísmo pasó a tener mayoría.
Las decisiones de la nueva mayoría se concretaron el 22 de enero del 2024, cuando removieron a la vicepresidenta Johanna Verdesoto y nombraron en su lugar a Yadira Saltos; ese mismo día nombraron al nuevo superintendente.
Cpccs, un organismo perverso
Para Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), lo sucedido en el Cpccs es una muestra de que este es un “organismo perverso” que debe desaparecer, pues sus miembros solo han servido para ser los operadores de las organizaciones políticas de turno.
“El Consejo no ha sido más que un escenario de disputa de las fracciones políticas, los consejeros son operadores de las decisiones que se toman en los partidos políticos, es un organismo fallido, fracasado”, afirmó Rodas.
Tomando en cuenta la injerencia de la política en el Consejo, para el coordinador de la CNA es imposible que este sea reformado a través de la Asamblea Nacional, como ya se lo intentó en el 2022, sino que debe ser la sociedad civil quien plantee una reforma constitucional que le quite el poder, sobre todo, de elegir autoridades, que ha sido el origen de las pugnas históricas.
