No se trata de menos estado y más mercado, el reto en el sector público ecuatoriano es evidente. Este sector enfrenta desafíos críticos que demandan una agenda de reformas clara y comprometida. Si bien Ecuador ha atravesado procesos de modernización y ajustes económicos en las últimas décadas, los eventos recientes, como la pandemia de COVID-19 y la creciente inseguridad, han evidenciado la necesidad de contar con instituciones ágiles, eficientes y con capacidad de respuesta ante situaciones extremas.
Una de las áreas más urgentes es la sostenibilidad fiscal. El endeudamiento público ha alcanzado niveles preocupantes, limitando la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación e innovación. Es imperativo realizar una revisión profunda del sistema fiscal que busque una estructura tributaria más justa, equitativa y eficiente, reduciendo la evasión y elusión fiscal, así como diversificando las fuentes de ingresos más allá de los hidrocarburos.
En términos de eficiencia del gasto, las asignaciones públicas presentan serios problemas de calidad. Gran parte del presupuesto se destina al gasto corriente, dejando poco espacio para inversión en sectores productivos. Una redistribución más inteligente de los recursos es fundamental para fomentar el desarrollo económico y mejorar los servicios básicos.
Otro reto crucial es la descentralización y la gobernanza territorial. Si bien la Constitución de 2008 impulsó la autonomía de los gobiernos locales, la falta de financiamiento adecuado y la ausencia de planificación coordinada han generado brechas significativas en la prestación de servicios públicos. Fortalecer los mecanismos de cooperación intermunicipal y asignar recursos de manera eficiente podría ser una solución viable.
Finalmente, la digitalización y la transición ecológica son desafíos ineludibles. Ecuador debe invertir en tecnologías que modernicen su aparato estatal, mejoren la eficiencia administrativa y faciliten el acceso de la ciudadanía a trámites y servicios. Asimismo, la lucha contra el cambio climático requiere una transición hacia una economía más sostenible, con incentivos claros para las energías renovables y una política ambiental seria.
El éxito de estas reformas depende de un consenso político amplio y sostenido. Solo mediante una visión estratégica y decisiones valientes, Ecuador podrá consolidar un sector público eficiente, transparente y capaz de responder a las demandas del siglo XXI. (O)