Quien el 13 de abril del 2025 tome una foto de la papeleta, en la que se pueda apreciar el voto para uno de los candidatos presidenciales que están en la segunda vuelta, podrá ser sancionado por una infracción electoral grave.
Esta infracción establece una multa de 21 a 70 salarios básicos unificados, es decir, de 9.870 dólares hasta 32.900 dólares, incluso puede perder sus derechos políticos.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un reglamento mediante el cual se prohíbe el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores, durante el acto del sufragio; para los miembros de la Juntas Receptoras del Voto (JRV) la prohibición se aplica durante el conteo de los votos.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, explicó que quien no acate la disposición se le aplicará el artículo 279, numeral 12, del Código de la Democracia, que establece sanciones para quien incumpla las disposiciones del organismo electoral.
¿Cómo se aplicará la medida?
Aunque las especificaciones sobre la prohibición de tomar una foto al voto se aprobarán en los próximos días, Atamaint explicó que la restricción se aplicará desde que el ciudadano presenta la cédula de identidad y hasta la devolución de esta; en este tiempo, no deberá portar el celular o guardarlo, pues no puede sacarlo durante la votación.
A cargo de controlar que se cumpla el reglamento del CNE estarán los miembros de las JRV o los coordinadores de los recintos; los militares y policías solo serán instruidos para que adviertan a los ciudadanos sobre la exigencia, pero no podrán ejercer ninguna acción para que la disposición se cumpla.
Los miembros de la JRV tampoco pueden usar el celular al momento de realizar el escrutinio, es decir, cuando clasifican y cuentan los votos; llenan las actas y publica los resultados en las actas de conocimiento público.
“En ningún momento se ha dicho que no se va a permitir la transmisión del conteo de votos o del escrutinio; la resolución tampoco no prohíbe que los delegados de las organizaciones políticas, representantes de medios comunicación, los observadores internacionales y nacionales, registren en imágenes y videos la jornada de votación y el proceso de escrutinio”, señaló Atamaint.
Según la presidenta del CNE, los candidatos tampoco tendrán prohibido mostrar públicamente la papeleta con su voto.
El motivo de la decisión
Existen dos informes, uno de la Policía Nacional y otro de las Fuerzas Armadas, en los que se estableció que varias personas, principalmente en las provincias donde se registra mayor violencia, habrían recibido presiones para votar por un candidato, que habrían provenido de bandas delincuenciales; pero también del sector privado, de empleadores que obligan a sus trabajadores; o de personas que pagan por el voto.
“Estas medidas evitarán coerciones, provenientes no solo desde el ámbito delincuencial, sino también desde el laboral o cualquier otro tipo de relación de poder que se pueda ejercer sobre otras personas, así garantizamos un voto libre y secreto”, afirmó Atamaint.
Sin embargo, Elena Nájera, vocal de oposición del CNE, votó en contra de la decisión porque, según explicó, lo actuado obedece a compromisos políticos con el Gobierno, pues hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia legal sobre las supuestas amenazas que habrían recibido para votar por un candidato.
Después de la primera vuelta electoral, el presidente Daniel Noboa denunció que, sobre todo en las provincias de la Costa, las bandas delincuenciales habrían amenazado a los ciudadanos para que voten por Luisa González, candidata presidencial de la Revolución Ciudadana.
Rechazo a la decisión
A través de un comunicado, la Revolución Ciudadana rechazó la decisión del CNE y llamó a esta institución “sucursal del Gobierno”, por acoger el pedido del Ministerio del Defensa y prohibir la fotografía del voto.
Alfredo Espinosa, experto electoral, concuerda con varios juristas que han calificado a la decisión del CNE como inconstitucional, sobre todo porque la reforma no se podría realizar vía resolución, sino con un cambio al Código de la Democracia.
“Esto solo se podía hacer mediante reforma al Código de la Democracia y ahora tendrán un gran problema, no van a poder sancionar, porque entrar con el celular no es una infracción electoral; además, es ilógico que la multa sea superior a la de portar armas (235 dólares), ahora es peor tomar foto al voto, que entrar armado”, afirmó el experto.
