Con el objetivo de dar más tiempo para que la ciudadanía pueda conocer los planes y propuestas de los candidatos que aspiran a la presidencia de la República, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió adelantar por un día el inicio de la campaña electoral, en la que se desconoce si el presidente Daniel Noboa pedirá licencia para participar activamente.
A través de la actualización del calendario de la segunda vuelta de las elecciones generales, el CNE amplió el periodo de campaña electoral, que debía iniciar el lunes de la próxima semana, pero ahora lo hará el domingo 23 de marzo y se extenderá hasta el jueves 10 de abril, es decir, por 19 días.
A pocas horas de que inicie la campaña, todavía no se conoce si esta vez el presidente Daniel Noboa tomará la licencia sin remuneración, establecida en el artículo 93 del Código de la Democracia y, por lo tanto, encargará la Presidencia a Verónica Abad, quien se encuentra en funciones como vicepresidenta.
En la primera vuelta Noboa pidió permisos temporales y dejó en su lugar a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública.
No se requiere la licencia
Para el constitucionalista Aldrin Gómez, el presidente Daniel Noboa no tiene la obligación de solicitar licencia para hacer campaña, pues el Código de la Democracia tiene una deficiencia: no existe una sanción si es que no lo hace, aunque sí establece que es obligatorio.
“Según el principio de legalidad, las sanciones tienen que estar expresamente determinadas en la ley. Lo que dice el Código de la Democracia es que tiene la obligación, pero no dicen que pasa si no la solicita, en el catálogo de infracciones electorales no se establece la falta de solicitud de licencia”, afirmó el constitucionalista.
Sin embargo, para el experto, aunque no existe una obligación legal, moralmente el presidente sí debería solicitar licencia y retirarse a realizar campaña, pues el mantenerse en el cargo y pedir permisos temporales le ha llevado a cometer varias infracciones electorales, relacionadas con el uso de bienes públicos, y ha generado problemas de legitimidad a su propia campaña.
La licencia siempre fue necesaria
Para el constitucionalista José Chalco, en este tema no existe duda, el presidente Noboa debe solicitar licencia sin sueldo durante el tiempo que dure la campaña electoral, lo cual está claramente establecido en el Código de la Democracia; el problema radica en que el órgano que debería controlar el cumplimiento de la norma, que es el CNE, no lo ha hecho y no lo hará.
“La campaña no es fuerza mayor y, en consecuencia, aquello sería abusar de la figura. El ejecutivo debería solicitar licencia para el tiempo de campaña y evitar así dificultades posteriores en su gestión, en caso de ser reelecto”, recalcó Chalco.
Con esta visión concuerda Fausto Camacho, del Observatorio Electoral, quien ve con preocupación la decisión del CNE de no actuar en este caso, dejando que se viole una norma que es expresa, pues, considera que el hecho de que una sanción no esté clara no elimina la obligatoriedad.
“Siempre estuvo en firme que era obligación pedir licencia para hacer campaña, el problema es que no hay autoridad que quiera tomar el toro por los cuernos; el escenario sigue siendo el mismo, es una norma que debe cumplirse, pero solo el CNE puede hacerla cumplir”, señaló Camacho.
¿Quién se queda en la Presidencia?
Para el constitucionalista Aldrin Gómez es claro que quien asumirá la Presidencia de la República, si es que Noboa pide licencia para hacer campaña desde el domingo, es Verónica Abad, la vicepresidenta elegida en las urnas.
“El Gobierno se jugó todas sus cartas para evitar que Abad asuma el cargo, este vaivén le causó a la ciudadanía una inestabilidad jurídica tenaz, en la que no se sabía si el presidente necesitaba o no la licencia y quién era la vicepresidenta; el presidente debió asumir una decisión seria desde el inicio: si solicitaba la licencia, dejar que se quede Abad, sino, no pedir licencia”, afirmó el experto.
Actualmente la vicepresidenta Verónica Abad se encuentra en Turquía, cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 490, mediante el cual el presidente Daniel Noboa la nombró consejera temporal con funciones económicas.
Sin embargo, este 21 de marzo, a las 18:15, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tomará una decisión sobre la apelación presentada por Abad a la sentencia del juez Guillermo Ortega, que le impuso una multa y la suspensión de sus derechos políticos por dos años; si el fallo se ratifica la vicepresidenta no podrá seguir ejerciendo el cargo.
