El pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) decidió este 25 de marzo del 2025 rechazar la apelación presentada por Verónica Abad a la sentencia de primera instancia en la que se le suspendió sus derechos de participación por dos años, se le dispuso una multa de 30 salarios básicos unificados (14.100 dólares) y se ordenó pedirle disculpas públicas a la canciller Gabriela Sommerfeld. El fallo le impedirá seguir al frente de la Vicepresidencia de la República.
Según la sentencia de instancia definitiva que fue emitida, Abad incurrió en una infracción electoral grave, tipificada en el numeral 14 del artículo 279 del Código de la Democracia, que sanciona a la violencia política de género, la cual aplicó en contra de la canciller.
“Las declaraciones vertidas por la denunciada reflejaban una intención de desacreditar a la denunciante, tanto en lo personal, como en lo político, al calificar sus acciones como un intento de tenerla censurada y silenciada, denotando un abuso de poder y falta de transparencia en su gestión, generando dudas sobre la legitimidad de su cargo”, afirmó Joaquín Viteri, ponente del caso.
El fallo además señaló que la sanción impuesta a Abad es ejemplificadora, pues la vicepresidenta emitió contra Sommerfeld “estereotipos de género y calificativos asociados de manera histórica a la descalificación política de las mujeres”, alegando que no son capaces de ejercer un cargo público.
No todos estuvieron de acuerdo
De la ratificación de la sentencia de primera instancia se apartaron los jueces Fernando Muñoz y Richard González, que votaron en contra, mientras que a favor votaron Joaquín Viteri (ponente del fallo), Ángel Torres e Ivonne Coloma (presidenta del TCE).
Según señaló Muñoz, la infracción de violencia política no se configuró, pues lo ocurrido entre Sommerfeld y Abad, a criterio del juez, no fue más que un conflicto entre autoridades, en el que se emitieron comentarios que no tienen nada que ver con que la canciller sea mujer.
En la misma línea se pronunció González quien, aunque señaló que las acusaciones de Abad contra Sommerfeld fueron pasadas de tono, no dejaron de ser unas críticas subjetivas, en las que la justicia electoral nada tiene que ver.
¿Fue destituida Abad de la Vicepresidencia?
Tanto en el fallo, como los expertos consultados, se coincide en que Verónica Abad no fue destituida como vicepresidenta de la República, pues eso, constitucionalmente, eso solo le corresponde a la Asamblea Nacional.
“La suspensión y multas no debe confundirse con la destitución o remoción del cargo, pues este no es un juicio político”, recalcó Joaquín Viteri, ponente de la sentencia.
Para el constitucionalista José Chalco, es importante recalcar que la Corte Constitucional dejó claro que los mecanismos para la destitución de la vicepresidenta están establecidos en la Constitución y no se puede aplicar otras medidas, como este fallo del TCE.
¿Abad seguirá ejerciendo la vicepresidencia?
Según Chalco, la sentencia del TCE, con la que se suspendió los derechos políticos de Abad, implica la imposibilidad real y fáctica de ejercer un cargo público, por lo que, en este momento se produjo una ausencia de la vicepresidenta de la República, por causa de fuerza mayor, prevista en el artículo 146 de la Constitución.
“En un Estado constitucional se debe respetar las decisiones judiciales, como en este caso. Lo que faculta, conforme al artículo 150 de la Constitución, a que el Ejecutivo pueda designar un ministro que remplace la ausencia de Abad”, afirmó el experto.
Sin embargo, para Arturo Cabrera, exjuez del TCE, la suspensión de los derechos de participación no le impediría seguir al frente de la Vicepresidencia a Abad, pues existe un precedente, el TCE aplicó esta sanción en contra de Javier Pincay, alcalde de Portoviejo, por no participar en el debate obligatorio, pero, como no lo destituyó, él sigue al frente de esta municipalidad.
Cuenta regresiva para Abad
Según Cabrera, exjuez del TCE, a partir de la notificación de la sentencia, Abad cuenta con dos días para pedir la aclaración y ampliación del fallo, cual no puede cambiar el fondo de lo decidido; el Tribunal tiene dos días para contestarle y en tres días más se ejecutoriará la sentencia que le impedirá seguir al mando de la Vicepresidencia.
“Se podría pensar que en esta ocasión sí se aplicarán los plazos, porque los jueces, sobre todo Guillermo Ortega, ha transgredido todo plazo legal y reglamentario, mantiene en suspenso casos que tenía que resolver en 10 días, pero van 8 meses”, afirmó Cabrera.
Aunque para Abad los recursos se agotarán en el TCE con el pedido de aclaración y ampliación, el constitucionalista José Chalco aclaró que aún cabría una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero la tramitación de ello no suspende los efectos de la decisión del juzgado electoral.
