En Ecuador no existe una cultura de protección de los datos personales. Por un lado, las empresas e instituciones abusan de esta información. Mientras que, los ciudadanos desconocen sus derechos y no saben en qué momento no deben entregar sus datos.
Desde la Superintendencia de Protección de Datos existe preocupación, sobre todo en aspectos en los que dos instituciones públicas: el Registro Civil y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
En el país se emiten cédulas de ciudadanía y facturas con datos innecesarios que vulneran el principio de minimización. Es decir, exponer lo menos posible la información de las personas.
Fabricio Peralta, superintendente de Protección de Datos recalcó que ha buscado acercamientos con los personeros de estas instituciones, dejando ver que, en lo que respecta a la cédula de ciudadanía, el cambio necesario implicaría un alto costo para una recedulación masiva.
Sin embargo, los abusos en el uso de los datos personales se dan en varios aspectos, se ha llegado a casos en los que los encargados de los sistemas de videovigilancia informan antes a las funerarias, que a Criminalística, sobre la existencia de un fallecido, para que lleguen a ofrecer sus servicios.
¿Cómo la cédula vulnera la información personal?
Peralta recalcó que, en países con un alto nivel de protección de datos personales, como los europeos, la información que posee una cédula de ciudadanía es mínima: la fotografía, los nombres completos y la fecha de nacimiento, esto último es importante para acreditar la capacidad legal para obrar, si la persona es mayor de edad.
“A la luz del principio de minimización, la cédula tiene más datos de los necesarios. ¿Por qué contiene el código dactilar y la firma? Eso se presta para una falsificación, si la cae en manos indebidas. ¿Qué le aporta a la finalidad de ponernos identificar que se sepa quienes son nuestros padres, la profesión tenemos? Aquí la norma choca con la realidad”, recalcó el superintendente.
Tomando en cuenta la gran cantidad de información sensible que poseen las cédulas, existe otra preocupación: el excesivo uso de este documento, se lo exige prácticamente para todo, incluido para el ingreso a urbanizaciones o instituciones públicas, para la entrega de tarjetas de crédito, para las transacciones en los bancos.
“Esta exigencia de la cédula para todo está muy extendida en Latinoamérica, es un tema cultural, que vulnera los datos personales, porque en cualquier urbanización ahora le escanean la cédula, los curier le piden copia o le toman foto, esta es una puerta abierta a usos indebidos, a los que las personas se pueden negar”, recalcó el superintendente.
Excesiva información para las facturas
Otro de los documentos observados por la Superintendencia son las facturas, en las que existiría “ligereza” en el manejo de la información y que podrían ser el origen de la filtración que desencadena en la creación de bases de datos que se comercializan y con las que constantemente se molesta a los ciudadanos, con llamadas para ofrecer productos y servicios.
“La factura contiene demasiados datos. ¿Por qué tenemos que decir nuestra dirección? ¿Por qué nos exigen nuestro número celular? Ahí la recomendación es dar un número convencional”, afirmó Fabricio Peralta.
¿Cómo proteger los datos personales?
En cuanto la información exigida, no solo en las facturas o las cédulas, sino en los términos y condiciones de varios servicios, que a diario deben autorizar los ciudadanos, Luis Enríquez, intendente de Innovación Tecnológica, aceptó que existe una relación de poder en la que las personas salen perdiendo, pues si no entregan los datos, no pueden acceder al servicio.
En este caso, Gabriela Villafuerte, académica experta en protección de datos, señaló que lo que sí pueden hacer los ciudadanos es exigir que se les informe para qué van a ser usados sus datos.
“Las personas tienen derecho a ser informadas de cómo se va a usar la información, quien es el responsable del manejo de sus datos, la base legal sobre la cual se pide la información, cómo la van a tratar, por cuánto tiempo, si la van a compartir, todo esto está muy claro en la Ley de Protección de Datos”, recalcó la experta.
- 65 denuncias ha recibido, desde septiembre del 2025, la Superintendencia de Protección de Datos, la mayoría son por llamadas de operadoras telefónicas y de cobranzas.
- 15 días tiene una empresa o institución para responder a un cliente o usuario, sobre el abuso en la utilización de sus datos personales; luego la denuncia puede hacerse en la Superintendencia.
- Para denunciar un caso ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales se puede acceder a través de la página electrónica de la institución o en sus oficinas en Quito.
