En abril del 2019, Lady Diana Salazar Méndez fue designada como la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, por un período de seis años, el cual concluye mañana 8 de abril del 2025.
Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) todavía no ha elegido su reemplazo y tampoco la funcionaria ha anunciado si aceptará prorrogarse en funciones, lo que pone en riesgo al ministerio público, que podría quedar en acefalía.
El artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) establece que, el fiscal general del Estado, una vez concluido el tiempo para el que fue elegido, puede prorrogarse en funciones, hasta que sea legalmente reemplazado, por lo que, a partir del miércoles 9 de abril, esta prórroga se aplicaría con Diana Salazar.
Aunque nada le impide prorrogarse en funciones, la decisión final está en Diana Salazar, quien en entrevistas que ha otorgado en los últimos días no ha especificado si se quedará al frente de la Fiscalía, cargo por el que incluso ha recibido amenazas de muerte y que puso en riesgo su reciente embarazo.
¿Qué pasa si Salazar se va de la Fiscalía?
La exfiscal Mariana Yépez ve con preocupación esta posibilidad, pues la institución quedaría acéfala, ya que el COFJ no establece la posibilidad de que el fiscal subrogante, Wilson Toainga, la reemplace.
“El subrogante no le puede reemplazar, porque la norma no establece esta posibilidad ante una ausencia definitiva de la fiscal titular; tampoco hay sustento legal para que el Cpccs haga un nombramiento emergente, lo que dejaría en grave riesgo varios casos muy delicados, de corrupción y del crimen organizado”, señaló la exautoridad.
En cuanto a la posibilidad de que el Cppcs designe un reemplazo temporal de Salazar, mientras avanza en el concurso para elegir a un titular, Mauricio Alarcón, director de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, recalcó que la Procuraduría le dejó claro al Consejo que ese tipo de encargos no se pueden hacer, es decir, si la fiscal se retira, la institución quedaría acéfala.
La fiscal general maneja casos de gran envergadura, en los que existe fuero de corte, es decir que, están involucradas exautoridades de alto rango, por lo que el proceso se maneja a nivel de Corte Nacional de Justicia.
¿Cómo va el concurso en el Cpccs?
El Cpccs es la institución encargada de elegir al nuevo fiscal general del Estado, sin embargo, el concurso no ha avanzado, desde octubre del 2024 se cuenta con un reglamento para la designación de la autoridad, se conformó la veeduría ciudadana, pero está pendiente la convocatoria de la Comisión Ciudadana de Selección, que son quienes llevan adelante el proceso.
Para Ibeth Estupiñan, exvocal del Cpccs, el tiempo que debería demorar el concurso, para contar con la autoridad de la Fiscalía y reemplazar legalmente a Salazar, no debería sobrepasar los seis meses, pero, estos tiempos difícilmente se cumplen en el Consejo, por una serie de trabas que existen.
“La injerencia política complica los procesos; además, el Ministerio de Economía y Finanzas no entrega los recursos a tiempo y para hacer la convocatoria, contratar personal y pagar a los comisionados se necesitan fondos; tampoco las instituciones colaboran enviando a sus representantes para la Comisión de Selección”, afirmó Estupiñán.
Los expertos coinciden en que en el actual proceso existe una traba adicional, el Cpccs no ha logrado reconformarse tras la destitución de los consejeros de la ‘Liga Azul’: Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, quienes fueron separados del cargo por su relación con el correísmo.
Demoras en el Cpccs
Las demoras en los concursos, por parte del Cpccs, no solo se evidencia en la selección del nuevo fiscal general del Estado, sino que es una constante en este organismo; lo que ha obligado a prorrogar en funciones a varias autoridades.
Actualmente, los vocales del Consejo de la Judicatura están prorrogados en funciones, pese a que su período concluyó en enero del 2025.
El mismo caso ocurre con el Consejo Nacional Electoral, que debió tener una renovación parcial en noviembre del 2021 y una total en noviembre del 2024, ninguna se concretó y las autoridades siguen en funciones.
Adicionalmente, en septiembre del 2021 se nombró a César Córdova como defensor del Pueblo temporal, han pasado más de tres años y no se designa al titular.
Mientras que Ángel Torres se mantuvo prorrogado en funciones de defensor Público por cinco años, en 2024 se eligió su reemplazo.
Además, el tiempo para nombrar un titular de la Contraloría venció en marzo del 2022, pero recién se concluyó el concurso en noviembre del 2023.
