En el contexto económico ecuatoriano, una de las decisiones más relevantes del último cuarto de siglo ha sido la adopción del dólar estadounidense como moneda de curso legal. A más de dos décadas de su implementación, el debate sobre su continuidad sigue vigente. La pregunta de si debe mantenerse o abandonarse la dolarización no solo es válida, sino necesaria. Sin embargo, el análisis económico y la evidencia empírica conducen a una conclusión clara: la dolarización debe ser defendida como pilar fundamental de la estabilidad macroeconómica del país. El argumento central a favor de la dolarización radica en la confianza. Cualquier intento de sustituir el dólar por una nueva moneda nacional enfrentaría, desde su origen, un problema de credibilidad. Los agentes económicos —hogares, empresas e inversores— reaccionarían con escepticismo, lo cual generaría una depreciación acelerada de la nueva moneda, desatando presiones inflacionarias, fuga de capitales y una posible crisis de balanza de pagos. En otras palabras, se reviviría el círculo vicioso de devaluación e inflación que caracterizó la década de 1990 y culminó en el colapso económico de 1999-2000.
La experiencia de los últimos 20 años muestra que la dolarización ha brindado resultados positivos en términos de estabilidad de precios. Según datos oficiales, la tasa de inflación promedio anual en este período ha sido de apenas 2,7 %, una de las más bajas de la región. A pesar de limitaciones estructurales, el crecimiento del PIB per cápita ha sido de aproximadamente 1,7% anual, comparable al promedio latinoamericano. Esta estabilidad ha permitido, entre otras cosas, una mayor planificación de inversiones, previsibilidad en los ingresos familiares y un entorno más favorable para la actividad empresarial. No obstante, es importante reconocer que ningún régimen monetario está exento de desafíos. La dolarización limita las herramientas de política monetaria, y ello obliga a una mayor disciplina fiscal, así como a una institucionalidad robusta que evite los desequilibrios macroeconómicos.
En este sentido, los debates recientes sobre una posible «desdolarización» promovidos por ciertos sectores políticos, como la Revolución Ciudadana, carecen de fundamentos técnicos sólidos y podrían generar incertidumbre innecesaria en el contexto actual. De igual manera, la propuesta de eliminar el Banco Central del Ecuador (BCE) con el objetivo de impedir cualquier emisión monetaria sin respaldo, si bien parte de una preocupación legítima, no resulta viable en la práctica. En lugar de suprimir la institución, el enfoque adecuado debe ser fortalecer su independencia y autonomía técnica, de forma que cumpla con funciones clave de regulación financiera y manejo responsable de las reservas internacionales.
La dolarización ha sido un factor determinante en la estabilidad económica del Ecuador. Abandonarla implicaría asumir riesgos elevados e innecesarios. El camino responsable es consolidar este régimen monetario, reforzando las instituciones que lo sostienen y enfocando las políticas públicas en promover un crecimiento económico sostenible, reducir desigualdades y garantizar una distribución más equitativa de la riqueza. (O)