La Justicia chilena revocó dos permisos ambientales que habilitaban a la empresa salmonera noruega Nova Austral para instalar dos criaderos de salmón cerca del límite del Parque Natural Kawésqar, en el corazón de la Patagonia, informó Greenpeace Chile este lunes en un comunicado.
El tercer Tribunal Ambiental de Chile, encargado del fallo, advierte en su sentencia que la empresa salmonera no detalló las rutas de navegación que utilizaría para desarrollar los criaderos y que, por tanto, las instalaciones podían tener «impactos medioambientales no evaluados en su conjunto» por los permisos otorgados.
Asimismo, los magistrados indican que «no es posible asegurar la compatibilidad de los proyectos con los fines de protección que tiene la Reserva Natural Kawésqar».
Para la ONG ambientalista, el fallo supone una buena noticia para poder frenar la expansión de las explotaciones de salmón a reservas naturales:
«Implica tirar por tierra la intención explícita de la industria salmonera de instalarse en las aguas de parques naturales y zonas prístinas de la Patagonia chilena»
Chile es uno de los mayores productores de salmón en el mundo, con un sector acuícola muy extenso, y cada mes exporta al mercado global decenas de miles de toneladas de esa y otras especies de pescados.
Las organizaciones en defensa del medioambiente han criticado en diversas ocasiones el impacto negativo que los criaderos de salmón pueden tener en la naturaleza que los rodea, por la concentración de peces que se dan en esas instalaciones y los productos químicos que se usan para su crianza.
«Es realmente insólito que empresas que están enfrentando incluso juicios por demanda ambiental busquen hoy, casi como un premio, instalarse en aguas impolutas del Parque nacional Kawésqar», criticó Greenpeace Chile en su comunicado.
Según datos de la ONG, la salmonera Nova Austral impulsó nueve planes de criaderos de salmón cerca del Parque Natural Kawésqar, pero la presión ciudadana paralizó ocho de ellos para que obtuvieran antes un calificativo ambiental; dos ya han sido rechazados por la Justicia, y otros cinco están a la espera de aportaciones de procesos participativos de la población local. (I)
