Es urgente la unidad de las Instituciones públicas y privadas del Ecuador, para acabar con el miedo y la inseguridad que ponen en peligro la salud, los derechos, la dignidad y la vida de tantas mujeres y niñas.
Hoy en día ha proliferado la misoginia violenta, desde la violencia doméstica hasta la explotación sexual, la trata de blancas, el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y el acoso en línea.
El número de casos de violencia contra mujeres y niñas denunciados ante diversas instituciones aumentó del 43 % de 2019 a 2022, y el de casos que conoció la policía se incrementó el 64 %.
En Ecuador las llamadas a los teléfonos de asistencia aumentaron en promedio del 60 %. Recordemos que cuando se inició la Pandemia del COVID-19 se estimaba que una de cada tres mujeres experimentó violencia masculina en algún momento de su vida.
Más en la actualidad la violencia en los hogares de los Ecuatorianos se ha incrementado notablemente y es menester poner todos de nuestra parte para que exista paz en todos los hogares para poder afrontar las dificultades de la vida diaria con unidad y solidaridad, ayudándonos de unos a otros, ya que la violencia no nos conduce a nada bueno.
Los ecuatorianos y el Gobierno han comenzado a tomar medidas para frenar la violencia doméstica, pública y callejera dando asistencia legal por intermedio de las fiscalías y juzgados como forma de apoyo a la que se han sumado varios organismos como la DINAPEN, las fiscalías , los Juzgados y el frente de defensa de los derechos de la mujer cuyo apoyo de por si ha resultado importante.
Ante este panorama es necesario incrementar las protecciones jurídicas y permanecer atentos a las llamadas de auxilio, y denuncias que se hagan ante el uso de la violencia específicamente contra las mujeres.
El Ejecutivo, el legislativo y el Poder Judicial, se han pronunciado de una u otra manera en el sentido de que es inevitable o imposible acabar con la violencia contra las mujeres.
Esta idea peregrina es para justificar el retardo de la atención en estos casos, cuando bien conocen que la atención oportuna y la perseverancia pueden lograr cambios cualitativos y cuantitativos. El juzgamiento de los agresores subió del 5% en el 2019 al 22% en el 2022 y en lo que va del inicio del año 2023.
Ante estas estadísticas es menester adoptar o reforzar Leyes y Políticas de Estado para proteger a las mujeres, adolescentes y niñas, con lo cual se puede prevenir y remediar los casos de violencia contra las mujeres. Debemos garantizar que las próximas generaciones de niñas no tengan que vivir con miedo porque no hicimos nada, cuando bien pudimos hacerlo. Entonces es hora de poner fin a esta vergonzosa forma de proceder en la sociedad » machista» y que afecta a un sector mayoritario de la población ecuatoriana.
