Una de las novedades del actual proceso electoral en marcha es la obligación de los candidatos, a las Prefecturas y Alcaldías, a debatir; un debate que, ciertamente, asoma como algo positivo desde el punto de vista democrático; pues permitiría que los candidatos expongan sus propuestas, en torno a los temas fundamentales que les competirían gestionar en el caso de que lleguen a ser elegidos como autoridades provinciales y cantonales; y, también, permitiría incentivar entre los electores la posibilidad de un voto más consciente y reflexivo.
Sin embargo, lamentablemente, la débil cultura democrática que se vive en el Ecuador (y por ende una débil cultura de debate), así como la fuerte apatía política de la mayoría de la población, llevaría a que la influencia que pueden tener los debates en el grueso del electorado no sea realmente significativa.
En cuanto a lo primero, y dado el formato de los debates organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), no se hizo posible una presentación detallada y argumentada de las propuestas programáticas de los candidatos; quienes, debido a esto precisamente, usaron más bien el poco tiempo que tenían (un minuto para responder las preguntas y 45 segundos para responder las interpelaciones) para exponer un cúmulo de ofertas, muchas de ellas demagógicas y que, en algunos casos, incluso poco o nada tenían que ver con las funciones específicas que deben cumplir los Gobiernos Provinciales y los Gobiernos Municipales; amén de que, algunos candidatos, usarían también ese poco tiempo para criticar y atacar a otros candidatos.
En cuanto al público electoral al que iban dirigidos los debates, dada la fuerte apatía hacia la política, la mayoría de dicho público probablemente no los vio; y el sector que, si se interesó en verlos, justamente por la dinámica que asumieron los debates, probablemente también (salvo excepciones) no sacaría de estos una decisión firme respecto a quien mismo apoyar con su voto.
En todo caso, no obstante, estas limitaciones de los debates realizados, es importante mejorarlos en su formato e institucionalizarlos como un mecanismo democrático que, en el largo plazo, permita contribuir efectivamente a mejorar la calidad del voto de la población electoral del Ecuador. (O)
