El pleno del Congreso de Perú debatirá y votará este 17 de febrero de 2023 el informe final de una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, por presunta corrupción durante su gobierno (2021-2022).
El informe propone acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
También recomienda que Silva y a Alvarado, como exministros de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sean acusados por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
El reglamento del Congreso establece que «el acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente».
Además, precisa que durante las diferentes etapas del procedimiento de acusación constitucional, el denunciado puede ser asistido o representado por un abogado.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado 10 de febrero el informe que recomienda aprobar esta acusación tras la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la Fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, contra el exmandatario y sus exministros.
La denuncia responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
El informe será sustentado este viernes ante el pleno del Congreso por el congresista Diego Bazán, del partido derechista Avanza País, así como por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones.
Si el pleno aprueba acusar constitucionalmente a Castillo y se levanta la inmunidad presidencial, la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial.
Castillo cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva dictada tras su intento fallido de golpe de Estado, que llevó al Congreso a destituirlo el 7 de diciembre pasado por «permanente incapacidad moral» y designar en su reemplazo por sucesión constitucional a su vicepresidenta, Dina Boluarte. EFE
