En el Ecuador los indicadores de accidentabilidad de tránsito rebasan lo permitido, si bien la permisión debería ser cero.
Cuenca no es la excepción. Los accidentes aumentan año tras año, muchos con consecuencias lamentables. Las cusas son por todos conocidas.
Bajo ese contexto, la Empresa de Movilidad –Emov- ha optado por instalar 40 fotoradares.
El próximo lunes comienza el control, con multas de por medio, de los primeros diez, cuyo contrato con el consorcio Movil Technology fue denunciado por presuntas irregularidades y se convirtió en tema de campaña electoral.
La EMOV no atendió el pedido del alcalde electo para no ponerlos a funcionar aplicando multas. Su compromiso de campaña fue dar por terminado el contrato.
En lo civil, un contrato puede dárselo por terminado de manera unilateral pero si hay incumplimientos de por medio.
Bien podría el nuevo alcalde fiscalizar a fondo, aunque la EMOV asegura haber actuado con transparencia y hasta toma como referencia el informe borrador de la Contraloría.
Los fotoradares sancionarán el exceso de velocidad, giros indebidos, irrespeto a las luces del semáforo y “pasos cebra”, y el bloqueo de intersecciones.
La multa será igual para quien sobrepase sea 1, 2, 20 o 30 kilómetros la velocidad permitida. Esto no cuadra con un mínimo principio de proporcionalidad y equidad. Para muchos esto deja entrever un interés recaudatorio.
Dar soluciones a una circulación vehicular cada vez más caótica debe estar en el horizonte de la nueva administración municipal, pensando, por ejemplo, en nuevas terminales terrestres, no estrechar las calles con infraestructuras poco o nada utilizadas, descongestionar los mercados, incluso una circunvalación.
En una ciudad ya saturada de vehículos, eso podría quitar la tentación de llenarla de fotoradares, vista, a lo mejor, como negocio para el sector privado.
Los conductores están prevenidos. De su actitud dependerá cuidar su economía.
