Lima.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, negó que esté rehuyendo o postergando dar declaraciones al Ministerio Público por la investigación preliminar que se le sigue por la presunta comisión del delito de genocidio en las protestas que sacudieron al país entre diciembre y enero pasados.
«La señora presidenta de la república no rehúye ni posterga dar declaraciones. Asimismo, reitera su compromiso de facilitar y participar en las diligencias que la Fiscalía de la Nación (general) estime por conveniente», escribió Presidencia en su cuenta oficial de Twitter.
Agregó que Boluarte solicitó en dos ocasiones que las diligencias fiscales sean realizadas «vía virtual y no se obtuvo respuesta».
«En la primera citación, programada para el 30 de enero, la señora presidenta expresó su plena disposición para brindar su declaración de manera virtual. Dicha solicitud no ha sido respondida», señaló.
Luego, el Ministerio Público emitió una nueva citación para el 23 de febrero y, de nuevo, Boluarte solicitó que se realice virtualmente, alegando «riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia» a la sede de la Fiscalía y dicho pedido tampoco «ha sido resuelto aún», siempre según Presidencia.
«La presidenta está a la espera de una respuesta para ejercer su derecho a la defensa y prestar declaraciones en el marco del debido proceso y prerrogativas que se amparan en la ley y la Constitución», concluyó su despacho.
El 10 de enero pasado, la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dispuso abrir la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Asimismo, contra Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; César Cervantes, como exministro del Interior, así como contra su sucesor, Víctor Rojas, quien ocupó el cargo hasta el 13 de enero.
La investigación preliminar es por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho», según precisó el Ministerio Público.
La Fiscalía también ha confirmado que investiga a los militares y policías que intervinieron en la represión de las manifestaciones antigubernamentales del pasado 15 de diciembre en Ayacucho, en el sur del país, cuando murieron diez personas.
Desde que estallaron las protestas antigubernamentales en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), las manifestaciones han dejado un saldo de 70 personas fallecidas, según diversas fuentes. EFE
