Todas las piezas armadas desde tiempo atrás para atentar contra la democracia, en concreto, para defenestrar al presidente Guillermo Lasso, se engranan a la perfección.
Los enemigos confesos de la democracia, patrocinadores, financistas y operadores del “estallido” creen tener la sartén por el mango.
Ahora más, envalentonados por los resultados de las pasadas elecciones. Cual ilusos, se creen con poder para poner a la deriva al Estado, exigir la salida del presidente, y amenazan con volver a incendiar al país, como si nada importara los muertos y heridos, más las millonarias pérdidas en el sector público y privado, producto de anteriores levantamientos.
En las próximas horas, la comisión ocasional de la Asamblea designada para “investigar” el caso Encuentro y luego las filtraciones del caso “León de Troya”, emitirá su informe.
Por quienes la integran, son jueces y parte. Sería de Ripley si no recomendaran el juicio político contra Lasso.
La censura del exministro del Interior, Patricio Carrillo, incluso con votos de quienes dicen ser enemigos de la violencia, no es gratuita en función de los tiempos fijados por quienes buscan, de manera desesperada, la salida del presidente y, a lo mejor, de anticipar las elecciones.
Llegar a advertir a la Corte Constitucional si no da paso al eventual juicio político contra el presidente, raya en la estulticia.
Tampoco es mera coincidencia con esos tiempos la asamblea de la Conaie, cuyas resoluciones el país ya las conoce. Por las reacciones, la mayoría de ecuatorianos no las comparte, en especial un nuevo levantamiento con impredecibles consecuencias.
Pero eso no importa a cierta dirigencia indígena ni de otros sectores políticos, claramente matrimoniadas en pro de la desestabilización y del caos.
No se trata de defender a un presidente en particular, víctima de sus propios yerros y de no mirar la realidad social. Pero sí a la democracia, a la paz, al estado de derecho, al derecho a la protesta sin vandalismo.
