El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley postergó para el próximo martes 28 de febrero de 2023 la revisión de un pedido de la Fiscalía para que imponga 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por presuntamente encabezar una organización corrupta durante su Gobierno (2021-2022).
El juez señaló este viernes que tomó la decisión «con la finalidad de atender el pedido de las defensas» y que la audiencia continuará desde las 09.00 horas (14.00 GMT) del martes.
Informó que durante esa audiencia la Fiscalía tendrá una hora para su exposición y 25 minutos cada uno de los abogados defensores, tras lo cual se presentarán las réplicas de 15 minutos e intervendrán los investigados.
Al inicio de la audiencia, realizada de manera virtual, Checkley recibió la solicitud de la defensa de Castillo para que conceda un plazo mayor para estudiar el expediente que, según indicó el magistrado, comprende 6.000 folios en 13 tomos.
El juez indicó que el pedido estaba «relacionado con el tema del volumen de la información» que se tiene sobre el caso.
El abogado de Castillo, Eduardo Pachas, también pidió que la audiencia «sea en forma presencial» para que el exgobernante, quien actualmente cumple otra orden de prisión preventiva por 18 meses, acuda al tribunal.
Checkley respondió que ha decidido «continuar con las audiencias virtuales, con la idea de «también facilitar el trabajo de la defensa«.
La Fiscalía señaló, por su parte, que toda la información que sustenta el pedido «es la misma que se adjuntó cuando se formalizó la investigación preparatoria», aunque consideró que el tribunal podía «atender al pedido de los abogados defensores para que no se pudiera argüir una afectación al derecho de defensa».
El Ministerio Público solicitó el pasado martes los 36 meses de prisión preventiva contra el ya encarcelado Castillo, así como contra los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente.
La Fiscalía detalló que, en el caso de Castillo, el requerimiento corresponde a un proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión (corrupción) y tráfico de influencias.
Silva, quien está prófugo de la Justicia desde el año pasado, es acusado del delito de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
La investigación de la Fiscalía se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero pasado el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso previo necesario para retirarle la inmunidad que tenía.
Al presentar el pedido, el fiscal supremo Helder Terán consideró que Castillo puede ser condenado a más de 31 años de cárcel, al sumarse 18 años y 4 meses por organización criminal, 6 años y 8 meses por tráfico de influencias, y 6 años y 4 meses por colusión.
Castillo está encarcelado desde el 7 de diciembre pasado, cuando fue detenido por intentar dar un autogolpe de Estado y después de que el 16 de diciembre la Justicia dictara una primera prisión preventiva en su contra, mientras lo investiga por los delitos de rebelión y conspiración. EFE
