La declaratoria de disolución de la Asamblea Nacional y la subsiguiente convocatoria a elecciones desencadenan un periodo de transición política en Ecuador. Aunque aún aguardamos la resolución de la Corte Constitucional ante las demandas planteadas por los partidos políticos que han visto vulnerados sus derechos, los plazos ya han comenzado a transcurrir.
La reacción inicial de la clase política fue la sorpresa y el malestar para unos, y el triunfo y la satisfacción para otros. Ante la atenta mirada de la ciudadanía, las calles e instituciones se vieron militarizadas como medida gubernamental de precaución ante posibles disturbios y enfrentamientos. No obstante, lejos de los argumentos que se esgrimieron en relación a una grave crisis política y una conmoción interna que justificara la declaración de la «Muerte Cruzada», el país, horas después de conocerse la noticia, continuó su rutina habitual. Da la impresión de que la propia clase política comprendió la necesidad de hacer una pausa en vista de la inminente transición. Además, aquellos que tienen la capacidad de movilizar a las masas se encuentran entre los principales beneficiarios de esta situación, lo cual quizás explique la tensa calma, debido a su sólido posicionamiento y una mayor organización territorial.
El Consejo Nacional Electoral está obligado a actuar y convocar a un proceso electoral extraordinario para que los ciudadanos vuelvan a las urnas. La fecha tentativa podría ser el próximo 20 de agosto. No obstante, los partidos y movimientos políticos se enfrentan a un escaso margen de tiempo para articular candidaturas, definir un mensaje político y establecer estrategias de comunicación y marketing electoral que les permitan conectar con un electorado que ha censurado a esta misma clase política.
Todo este esfuerzo e inversión en la realización del proceso electoral extraordinario -que tomará aproximadamente noventa días- conducirá a la configuración de un nuevo gobierno y una legislatura de transición que durará sólo hasta el 2025.
