Unos 300 jueces de las 24 provincias del Ecuador se reunirán este viernes en Cuenca para participar en la Segunda Cumbre de Juezas y Jueces del Ecuador. Analizarán abuso de órdenes de libertad.
Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), explicó que uno de los principales temas que se analizarán en este encuentro es la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales.
Esto apropósito de los últimos casos en los que magistrados han otorgado la libertad a sentenciados por asesinatos, actos de corruptos, narcotráfico y otros graves delitos.
Saquicela explicó que entre los expositores estarán Marco Rodríguez Ruiz, juez de la CNJ, y Pamela Aguirre Castro, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).
También: Agustín Grijalva, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB); Maximiliano Rusconi, exfiscal general de Argentina; y Milton Velásquez Diaz, juez de la CNJ.
Mal uso
A decir de Gustavo Quito, abogado en materia penal, las garantías jurisdiccionales buscan una protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución del Ecuador y tratados internacionales.
Esto consta en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que también hace referencia a la finalidad de las medidas cautelares.
Quito considera que algunos jueces y abogados han hecho mal uso de estos beneficios basados en una resolución que dio anteriormente la Corte Constitucional del Ecuador (CCE).
No obstante, esta misma institucional emitió otra resolución el último 7 de junio, en la que determina que los magistrados que, sin justificación, den estas garantías, pueden ser acusados de prevaricato.
Este delito se sanciona según el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con privación de libertad de tres a cinco años. Además, con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses.
Por esto Quito cree que debe ser sancionado Jhon Rodríguez, juez de Yaguachi, quien restituyó, el último 9 de junio, los derechos políticos a Jorge Glas, exvicepresidente del Ecuador, sentenciado por corrupción.
“Ahora los jueces ya no van a poder dar esos hábeas corpus, ya no van a poder dar estas libertades a delincuentes, porque pueden recibir una sanción de cárcel…”, señaló.
Abuso del derecho
Para Rubén Calle, abogado y expresidente del Colegio de Abogados de Azuay (CAA), ha habido “un abuso del derecho por parte de abogados y jueces” en beneficio de detenidos por delitos políticos y de narcotráfico.
Acotó: “el abuso del derecho significa que hacen una interpretación extensiva de las normas, aplicando recursos constitucionales sobre sentencias…”.
Por eso la CCE ha determinado “que ese abuso del derecho constituye un error judicial por parte de los jueces por lo tanto debe procesárselos penalmente como corresponde”, señaló.
Añadió “esta es una advertencia a los jueces que han venido utilizando las acciones constitucionales, las medidas cautelares, para beneficiar a personas sentenciadas o procesadas penalmente…”.
Cometen prevaricato
Braulio Álvarez, abogado, afirmó que anteriormente la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) determinó que los jueces no cometen prevaricato cuando juzgan un proceso constitucional y fallan en contra de ley expresa.
“Esta fue la patente de corso para que muchos jueces a nivel de las diferentes localidades consideren esta resolución como una especie de escudo y despachaban a nivel constitucional lo que les parecía…”, dijo.
Indicó que con una nueva sentencia la CCE determina que los magistrados cometen prevaricato cuando vulneran el procedimiento de una garantía constitucional.
Para Álvarez, es necesario que el Consejo de la Judicatura (CJ) actúe de forma prolija cuando hay estos casos para aplicar procesos disciplinarios a los magistrados.
