De acuerdo a un dictamen de la Corte Constitucional (CC), la Contraloría y la Fiscalía del Estado tienen plazo hasta el 18 de julio para definir qué sanciones impondrán a los ex funcionarios – todos ellos, ustedes lo adivinaron, correístas, incluyendo a un ex ministro de Justicia- que estuvieron encargados del manejo del informe final, también conocido como el tercer producto, que muestra los nombres de los autores intelectuales del homicidio del ex general Jorge Gabela.
Este gobierno formó una comisión que contactó al perito Roberto Meza quien presentó dicha investigación en el 2013 ante las autoridades de aquella época. Y en el 2014 denunció que le pidieron eliminar partes de su informe.
El general Gabela fue ametrallado en la puerta de su residencia en el 2010, luego de haber hecho una denuncia sobre el sobreprecio de los helicópteros Dhruv. Su muerte, qué casualidad, tuvo lugar en el gobierno de Correa. La interpretación oficial siempre sostuvo que se trató de un acto de delincuencia común. Empero, las destrezas del perito que fue contratado por la supuesta cabeza detrás del crimen, afirmaron que el asesinato está relacionado con las denuncias del valiente general. ¡Qué paradoja!
A principios de este mes, Meza presentó un informe sobre la documentación que el Estado ecuatoriano le entregó en esta ocasión, demostrando que los resultados de la investigación que produjo anteriormente fueron alterados. Encontró tres versiones diferentes que se le atribuyen, pero ninguna consta de sumilla, sello y firma.
Lo más relevante de estas versiones son las conclusiones. La primera concluye que dicho asesinato fue consecuencia de un acto delictivo. La segunda, que el homicidio no se relaciona con las denuncias de los helicópteros Dhruv. Y, la tercera, afirma que la muerte del general fue producto de un intento de robo a su domicilio. El perito señaló que las hipótesis planteadas en las dos primeras versiones son diferentes; y coteja que en la tercera no existen hipótesis.
La Contraloría ya presentó ante la CC el resultado de dos exámenes que se practicaron en el 2019. Este confirma lo que el perito Meza ya ratificó: que en el informe final no consta su firma pese a que él asegura haberlo entregado sumillado, sellado y firmado.
Cómo no creerle si ellos, los correístas, son expertos en alterar la verdad.
