Una polémica se ha desatado desde hace días entre la Fiscal General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una situación que siguió a la polémica que previamente se dio entre la Fiscal General y el Consejo de la Judicatura.
La causa inmediata, o el motivo, de dicha polémica tiene que ver con la denuncia presentada en contra de la Fiscal General Diana Salazar sobre un supuesto plagio de su tesis, para la obtención del título de abogada en la Universidad Central de Quito. Si bien finalmente un informe de esta institución académica habla de problemas detectados en las citas de la tesis, a los que califica eufemísticamente de “impericia” y no de plagio, este informe ha dejado más dudas que certezas y no parece que va a resolver el problema planteado en la denuncia, sobre todo cuando la organización denunciante (denominada “Acción Jurídica Popular”) ha planteado una auditoría académica internacional de dicha tesis y la Fiscal General ha anunciado juicios en contra de los denunciantes.
En el fondo, empero, la causa última de esta polémica es política y tiene que con la politización y partidización de los órganos de control del Estado. El CPCCS tiene hoy una inclinación correísta y la Fiscal General ha tenido desde el inicio de su gestión una inclinación anti correísta. De forma que la denuncia sobre la tesis de la Fiscal, receptada por el CPCCS, ha sido interpretada por la Fiscal como la expresión de una supuesta persecución en su contra e incluso como un intento de sacarla de su cargo; cuestión esta última que asoma más bien como parte de la retórica del enfrentamiento entre esas dos instituciones del Estado, pues el CPCCS no tiene ninguna facultad jurídica para una eventual destitución de Salazar, facultad que sólo la tiene la Asamblea ( hoy cesada) luego de un respectivo juicio política.
Lo deseable para la vigencia de una verdadera institucionalidad democrática sería tener un CPCCS realmente ciudadano y verdaderamente independiente de la política partidista; así como un(a) Fiscal con una incuestionable probidad académica y ética, sin vinculación con los Gobierno de turno y que, por tanto, persiga la corrupción que se de en todos los Gobiernos, y por parte de cualquier actor político. (O)
