El gran jurado que podría decidir imputar de nuevo al expresidente Donald Trump (2017-2021), en este caso por el asalto de enero de 2021 al Capitolio y sus esfuerzos para anular los resultados de las presidenciales de 2020, se reunió este jueves 20 de julio de 2023, en Washington a puerta cerrada.
El exmandatario republicano recibió el pasado domingo una carta del fiscal especial Jack Smith en la que se le informaba que era «objeto de investigación» y en la que se le daban cuatro días de plazo para declarar.
El asalto del 6 de enero de 2021 se produjo mientras se certificaba la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020 y el comité parlamentario que investigó lo sucedido concluyó el pasado diciembre que Trump decidió no frenar de forma inmediata a su turba de seguidores porque le convenía.
En la misiva recibida, según filtraciones de los medios estadounidenses, se mencionaba que podría recibir tres posibles cargos: privación de derechos, manipulación de un testigo y conspiración para cometer un delito de conspiración para cometer fraude contra Estados Unidos.
Trump ve este nuevo capítulo judicial como una «caza de brujas» en su contra. «Voy a ser el candidato republicano (a la presidencia en 2024) y voy por delante de Biden, por eso recibí estas horribles noticias», dijo el mismo domingo.
Normalmente recibir esa notificación es un paso previo a la imputación, que sería la tercera en su contra.
Un asesor del expresidente indicó esta semana que no estaba previsto que Trump compareciera ante el gran jurado. Cumplido el plazo otorgado por las autoridades judiciales, podría haber noticias de forma inmediata o la decisión se podría demorar días.
Trump fue imputado ya en junio ante un tribunal de Miami por retención ilegal de secretos del Gobierno, obstrucción a la Justicia y conspiración, entre otros delitos. Se trató de la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un exmandatario resultó imputado con cargos federales.
De acuerdo con el escrito de acusación, Trump se habría llevado ilegalmente en 2021, cuando abandonó la Presidencia, centenares de documentos clasificados, incluidos secretos nucleares, que almacenó en varios puntos de su mansión de Mar-a-Lago (Florida), como un dormitorio, un salón de baile, un baño y una ducha.
El expresidente también fue acusado en marzo en un tribunal de Manhattan (Nueva York) por pagos irregulares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña electoral de 2016. Esa fue la primera imputación de delitos penales lanzada contra un expresidente estadounidense, en ese caso a nivel estatal, no federal.
Su otra investigación pendiente está centrada en las elecciones de 2020 por sus intentos para anular los resultados de esos comicios en el estado sureño de Georgia, donde Biden se impuso por un estrecho margen. EFE
