Nayib Bukele el controvertido presidente de El Salvador, en el discurso por el cuarto año de gobierno hizo anuncios que dejaron sorprendidos a sus compatriotas. El primero fue la propuesta para reducir las alcaldías de 262 a 44, reorganizando el esquema territorial, político-administrativo y así bajar las cargas presupuestarias; el segundo fue el de convocar a una consulta popular para reducir la Asamblea Legislativa de 86 a 60 diputados.
Como parte de su estrategia de gobierno, ese mismo día indicó que el fiscal general de la nación Rodolfo Delgado no estaba presente en el acto, porque se encontraba allanando los inmuebles mal habidos de propiedad de Alfredo Cristiani, aquel presidente corrupto que gobernó el país centroamericano entre 1989 y 1994, con lo cual se esperaba materializar 10,6 millones de dólares.
En El Salvador se aprobó en 2021 la reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal para aplicar la retroactividad y con esto procesar a quienes cometieron actos reñidos con la ley en la administración pública hace más de 10 años. Bukele le llama la “guerra contra la corrupción” que se suma a la “guerra contra las pandillas” con lo cual ha obtenido una popularidad cercana al 90 %.
El presidente salvadoreño ha demostrado firmeza en sus actos controlando a un país que estaba azotado por la violencia pandillera y la cascada de descomposición de la clase política tradicional, como el caso del prófugo expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014 -2019) a quien un juez salvadoreño le acusó de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hace pocos meses apareció en Venezuela riéndose a mandíbula batiente cuando Maduro insultaba a Bukele.
Los propósitos de cambio del joven presidente han sido bien entendidos por los ciudadanos, cierta clase política decente, y la justicia, que también vivió un remezón al inicio de su mandato. El verdadero impulso para eliminar la corrupción fue la emisión de la “Ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación ilícita”, cuerpo legal que permite al Estado recuperar fortunas obtenidas con dineros o bienes robados del erario estatal.
Justamente el concepto central de discusión de esta ley fue esquivado por la mayoría de los asambleístas cesados de Ecuador, para impedir a la galopante corrupción tomar cuerpo en los estamentos públicos. El 20 de agosto debemos elegir legisladores comprometidos para trabajar en la búsqueda de este propósito, al cual es imperioso unir las fuerzas ciudadanas y productivas. En un poco más de año y medio si es posible aprobar las leyes requeridas para un país con necesidad de caminar hacia un futuro de certeza. En El Salvador si se pudo. ¿Por qué no en Ecuador? (O)
