La ilusión de miles de jóvenes endeudados, con juicios de coactiva de por medio, algunos sin trabajo, otros con algún desempeño laboral poco remunerado, llenos de obligaciones familiares, o todavía dependientes de sus padres, se fue por la borda tras la resolución de ocho de nueve jueces de la Corte Constitucional (CC).
Para dichos jueces, convertidos en colegisladores tras la disolución de la Asamblea, el proyecto de decreto ley remitido por el presidente Guillermo Lasso, no es de urgencia económica, el único requisito con el cual el Ejecutivo, mientras dure la transición, puede presentar propuestas en materia legal.
El proyecto denominado Apoyo Financiero a favor de Beneficiarios Coactivados de Créditos Educativos, Becas y Ayudas Económicas recibió “dictamen no favorable”, sugiriendo presentarlo a la nueva Asamblea.
Para la CC, aquél es un “problema estructural” y data desde hace más de una década. Así de “fría” resulta ser la interpretación constitucional.
Esos jóvenes, profesionales ahora en muchos casos, accedieron a créditos para financiar sus estudios. Por varios motivos no los cancelaron dentro de los plazos determinados. Se les acumuló los intereses y cayeron en mora.
Eso no es todo. Son parte del reporte de las operaciones en coactivas en el buró de crédito, y su calificación crediticia es mala. Ni siquiera tendrán bienes para salvarse de las coactivas.
Soliviantar esa situación fue el objetivo del Gobierno. En efecto, buscaba eliminar el 100 % de los intereses, multas y recargos, tanto por obligaciones vencidas como por convenios de pago, también vencidos; igual, sacarlos del buró de crédito y, con ello mejorar su calificación crediticia.
La Senescyt tildó de “impactante” a la resolución de la CC. Los potenciales beneficiarios reaccionarán con sus propios adjetivos calificativos. El estado de derecho, empero, obliga a respetarla, así no se esté de acuerdo, y pocos lo estarán.
