La administración del alcalde Cristian Zamora y el consorcio Móvil Technology acordaron terminar el contrato para la colocación de fotorradares en varias calles y avenidas de la ciudad y en parte de la vía rápida Cuenca-Azogues.
El contrato nació polémico, se tornó político, fue auditado por la Contraloría General del Estado e investigado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional; igual por la del Concejo Cantonal.
Pese a las observaciones, la anterior administración lo suscribió con el objetivo de instalar radares para controlar y multar por el exceso de velocidad, el irrespeto a la luz roja de los semáforos, de los “pasos cebra” y los virajes prohibidos.
El potencial litigio jurídico si el consorcio acudía al arbitraje deja de preocupar, si bien ahora con la terminación del contrato, el proceso entra en fase de transición y concluirá con la correspondiente legalización.
Según el alcalde, al consorcio se le pagará únicamente por las inversiones, menos por lucro cesante o inversiones no recuperadas.
Los fotorradares, por el momento no serán retirados. Seguirán registrando las infracciones, pero sin multar.
Al alcalde se muestra satisfecho por cumplir su oferta de campaña electoral. Hasta mediatizó el acto mediante el cual informó sobre la firma del “acta de defunción” del contrato.
Sin embargo, en Cuenca, como en el resto del país, no hay “cultura de manejo”. Y por eso la gran cantidad de accidentes de tránsito con saldos hasta trágicos.
Una ciudad desborda por el alto tráfico, con conductores “estresados”, irrespetuosos de las señales de tránsito, “amigos” de la velocidad, de ignorar los tiempos de viaje, peor de manejar a la defensiva, seguirá siendo un “dolor de cabeza” para todos.
Y en esa dirección deberá trabajar la EMOV, la empresa a cargo del tránsito y transporte en Cuenca. Tampoco debe permitirse la conducción “como a mí me plazca”; y si ya no hay radares, “todos felices”.
