Pese a posible destitución, Alembert Vera no eliminará veeduría
El cargo de Alembert Vera está en la mira de la Corte Constitucional, por la creación de una veeduría, en la cual, sin embargo, insiste.
La Corte Constitucional inició, contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la verificación del cumplimiento de un dictamen que emitió en mayo del 2019, en el que blindó las actuaciones del CPCCS Transitorio, incluida la designación de autoridades, entre estas la de los jueces constitucionales, lo cual hoy se pretende revisar a través de una veeduría a la que Alembert Vera, presidente del organismo, no está dispuesto a renunciar.
Vera puntualizó que, pese a que podría ser destituido por la CC por permitir que la conformación de la veeduría avance, no está en sus manos parar su conformación, pues hacerlo sería incumplir una orden del juez de la Unidad Judicial de Montecristi, Leiver Quimís, quien dio paso al pedido de acción de protección de la ciudadana Betty Moreira, que solicitó la creación del mecanismo.
“No podemos dejar de lado ninguna decisión judicial, en caso de que incumplamos el fallo del juez de Manabí, automáticamente entramos en causal de destitución y estaríamos cometiendo un delito, el de no acatar la resolución de un juez competente”, afirmó Alembert Vera.
Es así como la conformación de la veeduría avanza, el pasado 11 de septiembre se terminó la fase de inscripción, se conoce que al menos 40 personas se registraron y 19 de estas han pasado la etapa de revisión de requisitos.
Para Ismael Quintana, experto constitucionalista, el CPCCS y específicamente Alembert Vera están jugando con fuego, pues al ratificarse en su decisión de permitir la conformación de la veeduría confirma que está dispuesto a incumplir con el fallo de la CC, la cual debería proceder a su destitución.
“Está desafiando abiertamente a la Corte, no hay que darle más vueltas, hay elementos suficientes y lo que procede es la destitución de Alembert Vera y de los vocales de mayoría que le han apoyado”, afirmó Ismael Quintana.
A Vera la CC también le inició la etapa de revisión del cumplimiento del dictamen por haber permitido que un colectivo ciudadano revise el nombramiento de la fiscal general, Diana Salazar, por el supuesto plagio de su tesis.
Confiado, pero no tanto
Aunque Vera señaló estar confiado de que la CC actuará en derecho y no lo destituirá, de todas formas se resguardará y demandará a la CC ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dicha acción irá acompañada de una solicitud de medidas cautelares, con la que pretenden bloquear su posible destitución.
“No son acciones para cuidar el puesto, aquí no venimos a cuidar el puesto, es para proteger y defender el derecho de los ciudadanos a la participación ciudadana”, afirmó Alembert Vera.
No le pueden destituir
Según Alembert Vera, su caso no es similar al de los siete consejeros que fueron destituidos a inicios del año por la misma CC, por incumplir su fallo y no nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura, pues asegura que él fue designado por voto del pueblo y no puede ser destituido por ningún otro órgano que no sea la Asamblea Nacional.
Sin embargo, para el constitucionalista José Chalco no existe ninguna diferencia entre los dos casos y puntualizó que, según la Constitución, cualquier funcionario, incluido el presidente de la República, puede se destituido por incumplir una sentencia de la CC.
Varios frentes contra Alembert Vera
Es los apenas cuatro meses que lleva en funciones, a Alembert Vera, actual presidente del CPCCS y exabogado del Rafael Correa, se le han abierto varios frentes, todos apuntan a su destitución, de la cual ha logrado salvarse.
El consejero suplente Juan Esteban Guarderas lo denunció, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por el auspicio en redes sociales que recibió durante la campaña por parte de la Revolución Ciudadana, el juez electoral Guillermo Ortega negó y archivó la denuncia, sin embargo, su acusado afirma que apeló el fallo y el caso pasará al pleno del TCE.
Además, entró en pugna con la fiscal general Diana Salazar, quien lo investiga por un intento de borrar o alterar los archivos que respaldan su designación; luego en el CPCCS se permitió que se investigue a la fiscal por el supuesto plagio de su tesis, proceso que también vulnerará la sentencia que prohíbe revisar lo actuado por el CPCCS Transitorio.
