El Gobierno «interino» que formaron los talibanes tras su victoria en la guerra, el colapso de la república, y la retirada de los aliados de la OTAN de Afganistán, cumplió esta semana dos años sin pistas de que estén por lograr una nueva constitución o la elección de un gobierno legítimo.
Aunque en apariencia monolítico, el gobierno de facto de los talibanes se divide en dos corrientes de los fundamentalistas: la de los históricos combatientes muyaidines encabezados por el líder supremo, el mulá Haibatullah Akhundzada, y la temida red Haqqani, que están detrás de los ataques más sangrientos cometidos durante la guerra.
Estas fuerzas, mayormente de la étnia pastún, se repartieron carteras y cuotas de poder en 2021, cuando abolieron la antigua constitución y prometieron una nueva carta magna para su «Emirato islámico de Afganistán», pero hasta ahora no se conocen avances.
“Ambos intentan tener más poder en el gobierno y sus disensiones internas quedan ocultas entre ellos”, indicó a EFE el analista político Ahmad Saeedi.
Solo hombres y talibanes
El gabinete de los talibanes es enteramente masculino y muchos de sus miembros son antiguos líderes de combate, con escasa o nula formación académica, o que vivieron durante décadas en la clandestinidad.
En dos años no han incorporado a ninguna mujer ni en el gabinete ni en puestos de alto nivel. La única mujer escogida para el Gobierno integrista es la directora del Hospital de Maternidad Malalay en Kabul, una institución dirigida a mujeres que, según las reglas de los talibanes, tampoco deben estar en contacto con hombres extraños.
La falta de equilibrio entre los grupos étnicos y la falta de expertos en el gabinete talibán son unas de las mayores críticas de la comunidad nacional e internacional.
“El 100 % de los miembros del gabinete son talibanes, más del 90% de ellos son de etnia pastún y otros grupos étnicos son ignorados, mientras que ignorar a los expertos técnicos es la otra decisión cruel de los talibanes en todo su reclutamiento en el gobierno”, aseguró el analista.
Los miembros del gabinete talibán incluyen a aquellos que son conocidos por los ataques a las fuerzas estadounidenses durante las últimas dos décadas y buscados por las agencias internacionales, muchos de ellos en listas negras por acciones terroristas.
Algunos de ellos con prohibiciones de viaje por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sin constitución ni república
«Legalmente no es el gobierno, todas sus actividades son ilegales ya que trabajan sin ninguna constitución como fuente de distribución del poder. Es una gobernanza gestionada por un grupo no identificado que cree en la influencia militar y el enfoque tribal», dijo a EFE el analista político Wais Nasiri.
Poco después de tomar Kabul, en agosto de 2021, los talibanes derogaron la antigua constitución y el código penal de Afganistán y reformaron el sistema de justicia, bajo una interpretación propia de sus normas y la ley islámica o sharia.
Como muchas de las leyes talibanes no están codificadas, su aplicación ha sido desigual en todo el país.
“No creen en las instituciones legales ni en el marco constitucional y utilizan políticas de acuerdo con sus beneficios”, matizó Nasiri.
Los talibanes prometieron en septiembre del año pasado construir un gobierno, definir una estructura y elaborar una constitución, en poco tiempo, mientras abolieron todas las instituciones legislativas, fuerzas armadas, y todos los órganos de gobernanza creados durante las dos décadas de la república concebida bajo la influencia de Estados Unidos.
El sistema de administración pública es mixto e inconsistente, para los impuestos utilizan el sistema convencional establecido en la antigua república, para la banca fijan intereses, sin embargo estas normas no aplican para la elección de los representantes o la aplicación equitativa de justicia.
“La falta de un marco constitucional, la violación de los estatutos de las Naciones Unidas y la anulación de leyes e instituciones legislativas existentes han provocado sanciones y una catástrofe humana en el país”, señala por su parte el analista político y militar Ahmad Khan Andar.
Esta falta de marco constitucional y estado de derecho determinan en gran parte la falta de reconocimiento del gobierno de los fundamentalistas pese a su clara victoria en la guerra, y que los líderes del antiguo gobierno abandonaron el poder y huyeron del país.
“Los talibanes asumieron el poder por medios no convencionales, anulando las leyes existentes, carecen de autoridad para redactar una constitución y otras leyes. La constitución debe basarse en un marco legal, que refleje la voluntad del pueblo y sea promulgada por sus representantes electos”, explicó a EFE el letrado Abdul Razzaq Qazizada.
Los talibanes aseguran que están actualmente redactando una “constitución”, y el proceso es supervisado por el juez de la Corte Suprema Abdul Hakim Haqqani, según la agencia de noticias Bakhtar, dirigida por los fundamentalistas.
Además, el principal portavoz del gobierno de facto, Zabiullah Mujahid, ha asegurado en varias entrevistas que la falta de una constitución nunca fue un desafío para ellos porque el gobierno se rige de acuerdo con la Sharia
