En el Ecuador la impunidad cuenta con tierra fértil y cultivadores bien entrenados.
De esa forma, cualquier corruptela, asesinatos u otros delitos, quedan en meras investigaciones o envueltos en la telaraña de la administración de Justicia, difícil de desmadejarla.
Cuesta admitirlo, pero tal como van las cosas la impunidad acecha al crimen político perpetrado contra Fernando Villavicencio, excandidato presidencial.
El país está estupefacto al confirmarse el asesinato de seis sicarios, de nacionalidad colombiana, procesados por ese magnicidio.
Estaban detenidos en la Penitenciaría de Guayaquil, la cárcel más violenta del país, bajo el control de organizaciones delictivas. Otro fue victimado ayer en una prisión de Quito.
¿Cómo así fueron llevados a la Penitenciaría? El SNAI debe explicar las razones por las cuales no los trasladó a otra cárcel, tal como lo pidió la Fiscalía días antes.
Los asesinados eran, presuntamente, los autores materiales del crimen. Sabían quienes los contrataron. Dar con ellos es el reto de la Justicia, comenzando por la Fiscalía. Ahora con mucha mayor razón.
Este magnicidio no debe quedar impune. El Gobierno y sus instituciones de seguridad, ni se diga la Justicia, así deben entenderlo, so pena de merecerse toda clase de acusaciones, elucubraciones, condenas e improperios, como los de ser ineptos.
El país les exige pasar de las palabras y proclamas a las concreciones, mucho más si el FBI colabora en la investigación; y hasta el Gobierno de EE.UU. ofrece una recompensa de USD 5 millones para quienes den información precisa sobre los autores intelectuales.
La impunidad ha sido la tónica en estos últimos quince años. Varios asesinatos de políticos, activistas, militares como Jorge Gabela, periodistas, investigadores, potenciales testigos de acciones fraudulentas, han quedado en el olvido o son arrastrados hacia él.
Es hora de acabar con esta práctica vergonzante.
