En el Ecuador las cárceles parecen ser la “república del crimen” dentro de la verdadera República.
Las poderosas bandas del crimen organizado se disputan su control a sangre, fuego y muerte. Así debió entenderse desde cuando ocurrieron las diversas masacres carcelarias.
Se entendió sí, pero las diversas acciones de fuerza, el traslado de sentenciados de una cárcel a otra, los estados de excepción decretados por el Gobierno, no han surtido el efecto esperado.
A raíz del asesinato de siete sujetos vinculados con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, presos en las cárceles de Guayaquil y Quito, el Régimen renueva por 30 días el estado de excepción en todo el país.
Semejante hecho, del cual el Estado no puede negar su responsabilidad, ha desencadenado en cambios en la cúpula de la Policía Nacional.
Esa institución es la encargada de velar por la seguridad de todos los ecuatorianos. Por lo mismo, debe responder por aquella negligencia, justo cuando es un clamor nacional el esclarecimiento del magnicidio, sobre todo conocer a los autores intelectuales.
También provocó cambios en el SNAI, cuyo exdirector debe explicarle al país las razones por las cuales no cumplió con la orden de Fiscalía de trasladar a otra cárcel a los ahora asesinados por cuanto sus vidas estaban en peligro. Claro, no sólo él. Podría ser hasta el propio ministro del Interior, Juan Zapata, a salvo de la remoción en grupo.
El nuevo director (e) del SNAI, Fausto Cobo reafirmó ayer una tremenda verdad: “Las cárceles del país no son el cielo, son el infierno”.
Y algo más duro aún: el Gobierno de Guillermo Lasso está por concluir. Entonces, “no será posible hacer cambios significativos en las cárceles…”, excepto mejorar los protocolos de ingreso y salida en estos centros.
Ese poco tiempo también es atribuible al nuevo comandante general de la Policía. Las cárceles, hasta tanto, seguirán siendo lo mismo de siempre. Terrible. (O)
