Semanas atrás, la Corte Provincial de Justicia del Azuay emitió su fallo mediante el cual
dispuso que el Estado dé cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas en dicha
sentencia, y posterior a esto se restablezcan las actividades mineras en el proyecto Loma
Larga. Esto ha dado pie a malintencionadas declaraciones por parte de activistas, lo cual es
importante aclarar a la ciudadanía.
Los actores han indicado en medios de comunicación y a ciertas comunidades que el
proyecto Loma Larga ha sido cancelado de manera definitiva, lo cual no es cierto. La
decisión de la Corte Provincial no afecta la vigencia de los derechos mineros de las
concesiones de la empresa operadora, DPM Ecuador. Lo que se ordena es que el Estado
cumpla con cuatro medidas: Consulta Previa, Consulta Ambiental y dos informes
ambientales. Con lo cual, una vez cumplidos, Loma Larga podrá reanudar sus actividades
mineras y posteriormente, en estricto cumplimiento de la ley, pasar a la fase de explotación.
Otro aspecto que la ciudadanía debe conocer es que el recurso de apelación presentado
por los demandantes fue aceptado de manera parcial, no total. La Corte desechó
vulneración alguna por parte de Dundee Precious Metals o del Ministerio del Ambiente a los
derechos de la naturaleza, del agua y el buen vivir. Al contrario, se ha reafirmado su buen
manejo y la validez de los permisos ambientales que la compañía ha obtenido.
DPM Ecuador, pese a los embates jurídicos que generan el retraso en su cronograma de
actividades, ha ratificado su voluntad de trabajar con las autoridades del Estado y con las
comunidades para avanzar de manera ordenada en las disposiciones de la sentencia. Esto
pese a que en el fallo existen ciertas imprecisiones, que también me permito explicar
brevemente: el Área Nacional de Recreación Quimsacocha no se encuentra dentro del
proyecto, por lo que las actividades mineras no tienen incidencia sobre esta; lo mismo
ocurre con la comunidad Escaleras a la cual el fallo dispone aplicar la Consulta Previa;
Escaleras está ubicada fuera de la zona de influencia del proyecto.
Es deber de la ciudadanía informarse de manera responsable. La información incorrecta le
hace daño al país. Es el momento oportuno de reconocer el verdadero potencial de este
proyecto minero y no congelarlo con procesos legales o información malintencionada.
Azuay necesita progreso y qué mejor que hacerlo aprovechando los recursos disponibles en
su territorio de manera responsable y cerrar filas en contra de la minería ilegal.
