Cuenca, como en otras tantas ocasiones, está conmocionada por el asesinato de la joven universitaria Abigail Supliguicha. No solo la ciudad. El país entero lo está.
Desde todo lado se levanta la voz exigiendo justicia; también reclamo, ni se diga indignación por cuanto la permisividad de cierta leyes y códigos, el Estado supragarantista, a pretexto de protección de derechos, permite lo absurdo.
El presunto asesino de Abigail, recluido en la cárcel, gracias, en gran parte, a la acción denodada de sus compañeras universitarias, tiene antecedentes criminales: engañaba a las chicas ofreciéndolas trabajo, las seducía, violaba y luego las asesinaba.
¿Cómo así “andaba suelto” este peligroso sujeto, sentenciado antes por otro delito similar cometido en Quito en 2014 contra una joven de 21 años?
En aquel tiempo fue sentenciado a 12 años de prisión; pero un informe del SNAI le permitió acceder a la prelibertad. Lo extendió por “buena conducta” mientras cumplía su pena en la cárcel de Turi.
Lo violadores de la categoría del presunto asesino de Abigail suelen aparentar tan angelical comportamiento, incluso cuando planean y cometen sus fechorías, y por eso engañan a sus víctimas.
No hay reglas claras para el otorgamiento de semejantes prerrogativas, tal como sucede en casos ligados a la delincuencia criminal, casi siempre favorecida con los ya manoseados recursos de acción constitucional.
La Fiscalía iba a formular cargos por femicidio en contra del asesino confeso.
A la hora de cierre de este editorial se daba cuenta sobre la muerte del sospechoso en la cárcel de Turi, cuyo informe estaba en proceso.
En tales circunstancias, ya nada podrá hacer la Justicia. Contradictoriamente, más bien investigar esa muerte, si bien nunca suele ocurrir.
La familia de Abigail, sus compañeras de la Universidad, se merecen el abrazo solidario en esta hora de dolor, y de indignación también, por cuanto el asesino no podrá ser juzgado.
