La inseguridad sigue tocando fondo. Nadie está seguro en carreteras, hogares, lugares de trabajo, hospitales, ni siquiera en las aulas.
Se percibe una indefensión casi total. Cómo no sentirla así al conocer el asesinato de Galo Balseca, docente de una Unidad Educativa de Guayaquil, presuntamente por sus mismos alumnos mientras viajaba en bus.
Con razón la UNE, núcleo del Guayas, protesta, y, al mismo tiempo, exige acciones por parte del gobierno para frenar la arremetida salvaje de la delincuencia.
Hay algo peor si bien no es novedad: educandos, por provenir de padres delincuentes se creen intocables, con derecho a actuar como se les plazca, y a ser promocionados al siguiente año lectivo sin saber nada de nada.
Aquel maestro habría llamado la atención de su potencial victimario, se sobrentiende por su bien, pero eso le costó la vida.
En esa misma ciudad, otra maestra escapó de ser asesinada por padres de familia cuyos modos de vida es la delincuencia. El día escogido no coincidió con su turno; pero la amenaza sigue en firme.
En esas circunstancias, los profesores piden protección policial y a ser trasladados a otros centros educativos. No consiguen ni lo uno ni lo otro, según se queja el presidente de la UNE provincial, Hilario Beltrán.
Los maestros también son víctimas de los “vacunadores”. Según el dirigente, en algunos barrios marginales de Guayaquil los centros educativos están secuestrados por bandas delictivas.
Alrededor de 206.000 jóvenes no fueron reintegrados en su momento al sistema educativo; y 6 mil de ellos “han sido captados por la delincuencia”.
Si eso no espeluzna, no moviliza a las autoridades educativas para atender las peticiones de los profesores indefensos, la delincuencia tiene luz verde para proceder como quiera.
Es una alerta para el nuevo gobierno. Su plan de seguridad no debe prescindir de tomar en cuenta la cruda realidad. Se vive una descomposición social sin precedentes.
