Con la calificación del juicio político a Diana Salazar por parte del CAL se han encendido las alarmas de lo que muchos consideran la puesta en práctica de un acuerdo político que arremeterá con la institucionalidad del país, la gobernabilidad y fijará una hoja de ruta para la impunidad.
Aunque el PSC y el propio ADN han dicho que en el momento de los votos no apoyarán su destitución, el mal sabor de boca en los ecuatorianos es inmenso. Pocos meses antes con la muerte cruzada habíamos respirado tranquilidad al ya no ver una Asamblea Nacional (AN) llena de odios, triquiñuelas y cálculos políticos, que pensaba solo en venganzas personales y proyectos de grupo.
Y otra vez fue una radical correista, la asambleísta Garzón, quien encabezó el pedido de juicio político. La fiscal Salazar está acusada por ellos de ser la autora intelectual del juicio que llevó al sr Correa y varios de sus compañeros a la condena por delitos contra el Estado. También hay acusaciones tibias de supuestamente no trabajar con los fiscales provinciales y “negarles” recursos para su gestión.
Pero esta vez, el apoyo popular y de las propias bancadas en la AN que no son de la línea correista, le darán un espaldarazo a la Fiscal, porque sus actuaciones han sido correctas y se han apegado a la lógica jurídica penal. Antes de que procesen a Salazar hay varios personajes públicos que están en fila: desde el exministro Santos Alvite, pasando por Juan Zapata y llegando hasta Patricio Carrillo, el asambleísta nacional que ganó el derecho para estar en la AN, pero no ha podido posesionarse. Es decir, el juicio político a Diana Salazar tardará en ejecutarse al menos en un año, a no ser que Pame haga de las suyas en la Comisión de Fiscalización.
La AN enjuiciará también a Wilman Terán y Xavier Muñoz, quienes inauguraron en el Ecuador, la ilógica matemática de decir que 2 sobre 5 es mayoría. Ellos se preparan a llenar las vacantes de jueces nacionales penales, que se sumarían a Luis Rivera, el juececito de moda que ha conocido el caso de los helicópteros Dhruv, sobreseyendo a 15 personas. Y ahora anda como loco pidiendo a la AN que autorice llamar a juicio a Glas (como si estuviese en funciones de VP); buen pretexto para no hacer nada.
En el fondo la estrategia es muy clara. Quieren tomarse la justicia para pedir el recurso de revisión en el caso Sobornos, y bajarse la sentencia de Correa. Ese es el afán de los 52 asambleístas de la RC. En la AN todo puede pasar y de hecho habrá sorpresas en los próximos meses. El tratamiento de las leyes urgentes demandará el compromiso de trabajo fuerte de las comisiones. Pero como dice el refrán “entre col y col, una lechuga” habrá tiempo para desatar las bajas pasiones. (O)
