Una de las atribuciones de la Asamblea Nacional (artículo 129, numeral 9 de la Constitución) consiste en: “Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público…”: de aquí que no debería sorprender que, en el marco del funcionamiento de un verdadero régimen democrático o de derecho, altos funcionarios y ex funcionarios del Estado puedan ser llamados a juicio político.
Sin embargo, como en Ecuador parece que no se vive plenamente un régimen constitucional o democrático, el tema de los juicios políticos puede llevar a polémicas en las cuales los argumentos pretendidamente jurídicos asoman cargados de juicios de valor políticos, dependiendo de las antipatías o simpatías que despiertan ciertos actores o partidos políticos. En este sentido ciertos juicios políticos, a ciertos funcionarios o ex funcionarios, ser alabados o defendidos, mientras otros son rechazados o criticados.
Uno de los juicios políticos que ha desatado precisamente una polémica, plasmada de sesgos políticos, es el que podría realizarse a la Fiscal General Diana Salazar; una polémica contaminada por la vigente polarización correísmo-anticorreísmo, pues es evidente que la Fiscal ha mostrado un gran empeño en combatir los casos de corrupción denunciados en contra de altos funcionarios del régimen correísta, pero no ha mostrado el mismo empeño para combatir la corrupción denunciada en contra de los Gobiernos posteriores de Moreno y de Lasso.
Adicionalmente, ciertos pronunciamientos públicos y pugnas de la Fiscal General con ex altos funcionarios del correísmo y de otros sectores políticos, así como con miembros del CPCCS y con integrantes del Consejo de la Judicatura, denotarían la conversión de dicha funcionaria en un actor político; lo que no sólo pondría en duda la independencia o imparcialidad con la que debería actuar la Fiscalía General, sino que la recuperación de una plena institucionalidad para el Estado sigue pendiente en el país.
En este contexto, las bandas narco criminales y el sicariato continúan con su reguero de sangre en el país; aunque, en los últimos días, con la publicidad que suele darse a ciertos operativos. la Fiscalía ha iniciado la operación “metástasis”. (O)
