La petrolera Petroecuador, anunció este sábado que levantará la cláusula de «Fuerza mayor» en el cumplimiento de contratos, luego de llegar a un acuerdo con una comunidad amazónica que había convocado a una protesta en una zona de extracción de crudo, en demanda de obras ofrecidas por la empresa.
El acuerdo se logró tras un proceso de diálogo entre la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, y dirigentes de la comunidad indígena amazónica de Kawymeno, de la etnia waorani, cuya protesta paralizó las operaciones en el campo Ishpingo, ubicado en el Bloque 43-ITT, en la provincia de Orellana.
En el diálogo también han participado la viceministra de Hidrocarburos, Marcela Reinoso; el gerente en funciones de Petroecuador, Eduardo Miranda; el alcalde de la ciudad de Aguarico, Juan Carlos Orellana; y el líder de la comunidad Kawymeno, Panenky Ohe Huabe.
Petroecuador informó en un comunicado de que tras la reunión se acordó suspender la paralización y reanudar inmediatamente la operación de los pozos ubicados en la plataforma Ishpingo B.
«El proceso de reinicio de perforación tomará tres días; sin embargo, los pozos serán prendidos hoy mismo, con lo que se levantará la declaratoria de Fuerza Mayor emitida el pasado 28 de diciembre», informó la petrolera en un comunicado.
Las autoridades han expresado el compromiso del Gobierno para atender las peticiones de la comunidad asentada en la zona de explotación petrolera que «lamentablemente no fueron cumplidas en administraciones anteriores por falta de voluntad política», añadió la fuente.
«Asumimos la responsabilidad de corregir estas omisiones y asegurar que cada comunidad reciba la atención y los recursos que merece. Estamos comprometidos a ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida de cada ciudadano», aseguró la ministra Arrobo.
Sin embargo, subrayó que el Gobierno no cederá a presiones que pongan en riesgo la producción petrolera que, según dijo, generan «graves consecuencias económicas», ya que el petróleo es una de las principales fuentes de ingresos del país.
«El compromiso del Gobierno es abordar las necesidades de las comunidades, pero también garantizar la estabilidad económica del país. Este acuerdo demuestra que se pueden encontrar soluciones que beneficien a las partes involucradas», afirmó Arrobo.
Según Petroecuador, la protesta de la comunidad indígena «provocó la reducción de unos 17.000 barriles de petróleo por día, desde el 27 de diciembre, causando perjuicios económicos para al país, principalmente por la disponibilidad de crudo Napo para las exportaciones y compromisos contractuales adquiridos».
Ecuador produce unos 480.000 barriles diarios de crudo, especialmente desde los campos de producción ubicados en la Amazonía, y exporta la mayor parte de ese volumen, mientras que un 25 por ciento lo usa para el refinado de derivados, especialmente gasolinas para el consumo interno. EFE
