Al día siguiente de la consulta popular, no pasará nada.
La propuesta de consulta popular enviada por el Presidente a la Corte Constitucional, no producirá ningún efecto en el Ecuador. A la Corte le corresponde observar la constitucionalidad, la carga de lealtad y claridad, la utilidad y efecto jurídico, las razones, los fines y las consecuencias de la consulta.
Lo enviado, es una burla al país. Expliquemos. Las preguntas no cumplen los estándares fijados por la Corte Constitucional desde el año 2019 en materia de consulta popular. Lo que es peor, no obedecen ni siquiera a un criterio de originalidad o creatividad. Las preguntas 1 y 2 sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, ya está aprobado en la Asamblea a través de reforma parcial y es momento de preguntarle a la población en referéndum. La pregunta 3, respecto a que los miembros de la fuerza pública no sean privados de la libertad en investigaciones judiciales, ya está dispuesto actualmente en el artículo 54 de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. Ningún efecto jurídico inmediato real.
Las preguntas 4, 5, 7 y 9 que tratan: incremento de penas a ciertos delitos; cumplimiento total de privación de libertad en centros de rehabilitación; uso de armas decomisadas; y, titularidad de bienes ilícitos, requieren según sus anexos que el Presidente envíe un proyecto de ley a la Asamblea para que ésta la trate. Ningún efecto jurídico inmediato real.
La pregunta 6, para configurar el delito de tenencia y porte de armas, ya está tipificado en el artículo 360 del Código Penal. La pregunta 8, sobre evaluación a servidores judiciales y auditoría a sus patrimonios, ya está dispuesto en el artículo 170 de la Constitución y artículo 212 de la Constitución sobre la existencia de la Contraloría del Estado. Ningún efecto jurídico inmediato real.
La pregunta 10, sobre inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, ya se puede hacer, tan solo se requiere aplicar -con valentía- la Ley de Movilidad Humana. Ningún efecto jurídico inmediato real.
La pregunta 11, de los casinos y juegos de azar, a este momento, parece ser la única que tendría algún efecto jurídico de ser aprobada; a propósito, en un país en donde el narcotráfico, lavado de activos y actividades ilegales, se hacen todos los días. En fin, el Presidente nos quiere a todos en los casinos. Yo, lo prefiero a Él, pensando en serio en el país, con esforzándose un poquito más. (O)
