El presidente Daniel Noboa entendió el mensaje gestado en las críticas a sus once primeras preguntas para la consulta popular. Provinieron de diversos sectores políticos, analistas, en especial de jurisconsultos cuyos argumentos a la luz de la Constitución y leyes relacionadas con la seguridad no dejan dudas.
Los acontecimientos registrados el lunes en las cárceles a raíz de la decisión de trasladar de una prisión a otra a ciertos cabecillas de grupos delictivos, sobre todo por la fuga del líder de Los Choneros, al parecer obligaron al presidente a considerar otras preguntas. Por su contenido, parecen ser más sustanciosas, urgentes y ajustadas a la realidad nacional en materia de seguridad; igual en el ámbito laboral y judicial.
Según el Gobierno, las otras nueve preguntas recogen el “clamor ciudadano” y los aportes hechos por diversos grupos críticos de la propuesta inicial.
Ahora plantea, por ejemplo, la extradición, el despojo a los delincuentes de sus activos ilícitos, delictivos o injustificados; se otorgue facultad al presidente para conceder indultos a miembros de las fuerzas del orden cuando sean imputados por delitos relacionados con el uso de la fuerza en contra de los sospechosos de delitos; reformar el Código del Trabajo a fin de implementar el trabajo por horas, entre otras.
En muchos casos implicarán enmendar la Constitución, y reformar Leyes y Códigos.
La Corte Constitucional aún no se pronuncia sobre las primeras preguntas. No pocos dan por descontada la negativa por las razones ya expuestas, mucho más si ya son parte de la normativa jurídica vigente o pueden reformarse en la Asamblea. Retirarlas sería la mejor opción.
Las nuevas preguntas, por su fondo e implicancias, producirán reacciones distintas y hasta de oposición, como la relacionada a lo laboral; pero, reiteramos, pretenden dar un giro más radical para resolver los gravísimos problemas del país, comenzando por el de la seguridad.
