Un conglomerado de organizaciones de veteranos de la guerra civil de El Salvador (1980-1992) y de exguerrilleros le retiraron su apoyo electoral al presidente Nayib Bukele para los comicios del 4 de febrero, en los que busca la reelección, tras señalar incumplimiento de un acuerdo firmado en 2018.
Además, llamaron a dar un «voto de castigo» contra el oficialismo y escoger los candidatos presidenciales y del Congreso de la oposición, a los que dieron su respaldo.
Cientos de excombatientes, veteranos y lisiados de guerra, pertenecientes a la Unidad Salvadoreña por la Democracia y la Paz (Salvapaz), se congregaron en la capital salvadoreña para conmemorar la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 y criticar la postura de Bukele, que tilda el armisticio de ser una «farsa».
Dilio Rosales, uno de los dirigentes de Salvapaz y excombatiente de la guerrilla, recordó que en 2018, cuando Bukele era candidato, le dieron su respaldo tras firmar un acuerdo en el que se comprometió a cumplir una serie de peticiones.
«Quiero pedir al pueblo salvadoreño, a los excombatientes y a los veteranos, partiendo de que Nayib no nos cumplió: no le demos el voto ahora para las elecciones de febrero», dijo Rosales en la concentración.
Agregó que «a los dos sectores nos falló» y que «no nos ha dado la indemnización, nos quitó el fondo de protección por medio de la Asamblea Legislativa, nos quitó el aguinaldo de diciembre».
También llamó a sus compañeros a no votar por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y «darle un voto de castigo».
«Cualquier voto para los candidatos de la oposición es digno, es bueno para debilitar, sacar y reducir a los diputados de la bancada cian, porque ellos no nos cumplieron», añadió el dirigente.
Entre los invitados a esta concentración estuvieron los candidatos presidenciales del partido Nuestro Tiempo (NT), Luis Parada, y de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Joel Sánchez.
La guerra civil salvadoreña, que enfrentó a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y al Ejército financiado por Estados Unidos, dejó unos 19.000 lisiados de guerra.
Históricamente este sector ha pedido pensiones dignas, una indemnización por sus años de combate y lesiones, tierras, un hospital especializado, entre otros.
Este martes se conmemoran los 32 años del final de la guerra civil, que también dejó unas 75.000 personas muertas, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres, sin que el Gobierno de Bukele haya realizado actos oficiales.
Bukele, a pesar de la prohibición constitucional señalada por diversos sectores, buscará en febrero su reelección inmediata y las encuestas apuntan a que alcanzaría el triunfo en primera vuelta con un amplió margen.
El oficialismo basa su defensa de la reelección de Bukele en un acto de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS) de 2021 con el que se cambió el criterio de que un presidente debía esperar 10 años para buscar un nuevo mandato.
La referida Sala fue nombrada en mayo de 2021, en un proceso irregular, tras la destitución de sus anteriores jueces. Entre los abogados colocados por el oficialismo, señalados de ser «leales» al Ejecutivo de Bukele por EE.UU., se encuentran exabogados de altos funcionarios y exasesores del actual Gobierno. EFE
