La Corte Constitucional le lanzó una boya salvavidas al Presidente, pero prefirió no usarla. Dicen que está convencido del barco de la consulta popular.
En un auto de sustanciación, la Corte, a través de su jueza sustanciadora, -adecuadamente- le solicitó al Presidente que en 24 horas informe “si persiste en su intencionalidad de consultar las once preguntas que originaron su petitorio inicial”. El Tribunal pensó lo que los ecuatorianos de a bien pensamos: parece no ser el momento oportuno para continuar en la voluntad de realizar una consulta a los ecuatorianos, ni siquiera se podría garantizar la seguridad de los recintos electorales, pues la situación de inseguridad y el nuevo escenario social llevan a otras urgencias: blindar al Estado y ganar la guerra.
En fin. El Presidente dijo que mantendrá la consulta popular exceptuando la pregunta de los casinos, aquella que decía daba miles de plazas de empleo.
La Corte Constitucional no suele acostumbrar a lanzar boyas salvavidas a los mandatarios. En este último tiempo ha mostrado, en contrario sentido, dureza exagerada y a veces una extravagante argumentación ad infinitum que imposibilita la gestión y blindaje institucional. En esta ocasión, actuó sin precedentes y con espíritu país.
Ahora bien, en este momento se tramitan tres procesos relativos a los paquetes de consulta y cambio constitucional enviados por el Ejecutivo. El primero, en estricto sentido materia plebiscitaria, a cargo de la jueza Teresa Nuques e identificado como causa 1-24-CP; el segundo, que contine intenciones de enmienda y reforma constitucional a cargo de la jueza Karla Andrade e identificado como causa 1-24-RC; y el tercero, también de sentido plebiscitario, a cargo de la jueza Carmen Corral e identificado como causa 2-24-CP.
Hay varios defectos jurídicos en la propuesta inicial, ausencias de carga de lealtad, claridad y utilidad jurídica. La segunda propuesta (dividida por la Corte en dos) y como la Corte anticipa, tiene materias infra constitucionales y otras que pueden ser resueltas por reforma legal.
Luego del control de constitucionalidad que realice la Corte, el Presidente nuevamente tendrá en su poder una boya salvavidas: la firma del decreto que convoque a elecciones donde deberá -a mi criterio- seleccionar exclusivamente las preguntas que sean urgentes para el momento del país o aún mejor, no hacer la consulta; pues no pasa nada cuando hay que repensar o reestructurar las intenciones, aquello, es de un estadista. (O)
