El Gobierno espera obtener de su Reforma Tributaria hasta USD 2.000 millones, que coincide con el costo para repotenciar las fuerzas para el conflicto interno.
Para repotenciar a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional, para que puedan hacer frente al conflicto armado interno en contra de las bandas delincuenciales, el Ministerio de Economía y Finanzas considera que el costo asciende a USD 2.000 millones.
Este sábado 27 de enero del 2024, en el pleno de la Asamblea Nacional, durante el primer debate de la “Ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica”, la asambleísta Valentina Centeno (ADN) informó sobre este monto, el cual habría sido confirmado por los comandantes de la Policía y las FF. AA. en su comparecencia reservada ante la Comisión de Desarrollo Económico, donde se trabajó el informe.
“En comisión reservada, la Policía y las FF. AA. nos presentaron sus cifras desalentadoras, el 40% de sus vehículos no están operativos, no tienen chalecos, no tienen armas, los nuevos graduados de las dos fuerzas no tienen los implementos necesarios para ir a combatir en esta guerra contra la delincuencia”, afirmó Centeno en su intervención como ponente de la ley.
Previamente, Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, había anunciado que, solo para repotenciar las FF. AA. se requiere USD 1.070 millones; los USD 1.000 millones restantes serían para la Policía.
Según se detalló en el informe para primer debate, una guerra interna tiene costos directos e indirectos, se requiere pagar movilización, comida y alimentación; comprar municiones; fortalecer las instituciones y la infraestructura, como costos directos.
Mientras que los costos indirectos son los desincentivos a la inversión, la disminución de los recursos que pueden llegar al Ecuador, la pérdida de capital humano, la pérdida de productividad, el dinero que se deja de percibir gracias a la inseguridad.
Precisamente para prevenir la violencia, el país también requiere invertir en el sector social para lo que, según el informe, se necesitan USD 260 millones solo para el 2024.
En este rubro se incluye la atención en los centros de desarrollo infantil, programas de desnutrición infantil, la mejora de la infraestructura educativa, programas culturales y deportivos; que tienen como objetivo sacar la violencia de los barrios.
“Necesitamos esos recursos para ganar esta guerra al narcoterrorismo, pero es claro que no los tenemos, porque conocemos la situación del país, para nadie es oculto que la crisis fiscal es angustiosa y, aunque es heredada por las administraciones anteriores, no podemos dejar de hacer lo que es necesario para salir adelante como país, cueste lo que cueste”, afirmó Centeno.
Meta de recaudación
A través del alza permanente de un punto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de una elevación temporal de dos puntos más (hasta el 2026); a lo que se sumará un impuesto a las utilidades extraordinarias de las empresas y a la banca, el Gobierno pretende recaudar entre USD 1.700 millones y USD 2.000 millones.
Con este monto, no solo se hará frente al conflicto armado interno, sino que también servirá para saldar deudas internas que, según el ministro de Economía y Finanzas, ascienden a USD 4.500 millones; también se financiarán programas sociales.
Sin apoyo al alza del IVA
El primer debate de la “Ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica” concluyó ayer tras la intervención de 18 legisladores, en las que se apreció la oposición que existe para el alza del IVA entre las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), la Revolución Ciudadana (correísmo) y Pachakutik, que suman más de 70 votos.
Dallyana Passailaigue (PSC) insistió en la propuesta de su organización política, incluida en un informe de minoría, en la que se establece que, en lugar de subir el IVA se imponga una contribución especial de 3,25% a las utilidades de las empresas.
Mientras, en el correísmo se confirmó que no apoyarán el alza del IVA, en su lugar, también presentaron un informe de minoría en el que se propone elevar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) de 3,5% a 6%; un aporte del 3% de los grandes contribuyentes; el pago entre el 1% al 1,5% de los patrimonios superiores a USD 1 millón; y una contribución especial de la banca que va del 25% al 35% de sus ganancias.
