Cerca de un millón de ecuatorianos residentes de manera irregular en Estados Unidos deben estar ansiosos por conocer la decisión del gobierno de este país, respecto de concederles el Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
El gobierno de Daniel Noboa hizo esa petición en el contexto del conflicto interno armado, declarado para combatir a más de 20 bandas narco criminales, calificadas como terroristas, generadoras de violencia extrema, a tal punto de haber puesto en aprietos al mismo Estado.
Corresponde al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los EE-UU. aprobar o no tan ansiado TPS.
Inicialmente beneficiaría a quienes ya se encuentran en esa nación. También podrían apostar por ese Estatuto quienes, viviendo en el Ecuador, desean ir a este país dadas las condiciones de violencia.
El Estatuto prevé varias condiciones temporales: conflicto armado en curso, desastre natural o pandemia, u otras circunstancias extraordinarias de carácter temporal.
A raíz del terremoto ocurrido en marzo de 2016 se intentó acceder a similar beneficio. Fue negada la petición realizada por el gobierno de la época.
Esta vez las condiciones del Ecuador son diferentes y graves. Lo son, y por eso mismo, el gobierno del presidente Joe Biden está preocupado. Lo ha demostrado al haber enviado al Ecuador al asesor presidencial para las Américas, Christopher Dodd, y a la jefe del Comando Sur, general Laura Richardson.
Asimismo, donó al Ejército ecuatoriano equipos valorados en USD 2,4 millones. Mientras, la Corte Constitucional dio un espaldarazo a los tratados internacionales suscritos durante la administración del presidente Guillermo Lasso con su par norteamericano, por lo cual no constituyen una alianza militar ni requieren ser aprobados por la Asamblea Nacional.
Hay un riesgo: la aprobación ocasionaría un flujo migratorio sin precedentes, si bien el hecho mismo de haberlo solicitado ya podría originarlo.
Resta esperar, y quien sabe por cuántos meses.
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