Los ecuatorianos se pasan despotricando en contra de los asambleístas, calificándolos con los más duros epítetos y evaluándolos con las peores notas.
Tras la muerte cruzada, el alivio no pudo ser mayor. Ni siquiera hicieron falta se llegó a decir, como desdeñando de la función legislativa, pilar fundamental en una democracia.
En mayo de 2025, cuando se instale la próxima Asamblea Nacional, ya no serán 137 los legisladores sino 151, como consecuencia de los datos del último Censo de Población y Vivienda. A más habitantes, más asambleístas.
Sólo para citar dos ejemplos: Azuay tendrá uno más; Guayas, cuatro más.
Partidos y movimientos se esmeran por obtener el mayor número de asambleístas. Las razones son conocidas. Incluso para “gobernar” desde la Legislatura si el objetivo es oponerse a todo y maniatar al Ejecutivo. En el caso de este, para tener una holgada mayoría a fin de administrar y aplicar su programa sin mayores cortapisas.
Quizás por eso se apuran en reformar el Código de la Democracia para cambiar el método de distribución de escaños. A muchos no les gusta la representación de las minorías.
Sin embargo, no hay reformas para exigir mayores requisitos a fin de tener asambleístas académicamente e intelectualmente bien preparados, probos, merecedores de estar en la Asamblea; también para dignificarla.
Ahora les vasta con ser mayores de edad y ser ecuatorianos. Es una de las tantas consecuencias de la crisis del sistema de partidos, donde mandan sus “dueños” y caciques. Hasta los “alquilan”.
Ahora mismo, al momento de votar, siquiera unos 20 no asisten; en unos casos son muchos más.
¿Y los gastos? También crecerán. Cada asambleísta cuenta con dos asesores, dos asistentes, más viajes y viáticos, bonos de residencia para los provinciales, y pagos de consultorías si las contratan.
Actualmente mantener las 137 curules cuesta USD 2 millones 740 mil mensuales. Cuando sean 151, será de USD 3 millones 20 mil.
Bien se dice: Ecuador, país de contrastes.
