La “metida de mano a la Justicia” es el grito de guerra de algunos políticos.
Sin retroceder mucho en el tiempo, desde cuando León Febres Cordero (+) ordenó rodear con tanques de guerra al Palacio de Justicia para impedir el ingreso de los magistrados nombrados por el entonces Congreso Nacional, pasando por la “Pichicorte” y la “metida” de frente por medio de una maniobrada consulta popular durante el correísmo, ahora se pretende volver a los tiempos en los cuales hasta el presidente de la época asistía a ciertas audiencias como quien amedrentaba a los jueces, y él mismo enjuiciaba a todo el mundo, obteniendo cuantiosas indemnizaciones.
No solamente designando jueces, integrando las Cortes, incluyendo la Nacional, se busca, con denodado afán, tomarse el control de la Justicia. No.
También se puede “meter las manos” reformando leyes y códigos así sea por las tranqueras y confiando en el desconocimiento, casi total, de la mayoría de legisladores en materia jurídica, y si es penal, más todavía.
Eso acaba de ocurrir en la Asamblea. Legisladores correístas intentaron introducir cinco artículos y una disposición general a las reformas al Código Integral Penal, sin haber sido parte del primer debate en la Comisión de Justicia.
La perversidad del intento, fallido a última hora, los llevó a introducir en la disposición general el mismo contenido de uno de los artículos: la revisión de sentencias ejecutoriadas si se obtiene un fallo favorable de un organismo internacional de derechos humanos. O sea, restregar en suelo a la Justicia ecuatoriana.
Todo el país tiene identificado a quien y quienes propugnan esa tesis; sobre todo al potencial beneficiario cuando debería estar preso.
El debate quedó en el limbo. La Fiscalía alertó sobre aquel intento maniqueo. Para otros analistas, del “favor” también se beneficiaría la delincuencia organizada contra la cual lucha el Estado.
Querer tomarse la Justicia para lavarse la cara y obtener impunidad es deleznable.
