Uno de los temas de debate político, que está presente hoy en América Latina y Ecuador, es el que tiene que ver con el papel que debe cumplir el Estado en lo económico y social
La política económica se refiere a la acción del Estado en la economía; una acción que puede tener un carácter liberal (caracterizada por una mínima participación del Estado en la economía) o un carácter Keynesiano (caracterizada por una participación mayor). Si la primera se inspira en autores liberales como Adam Smith, Jeremías Bentham, etc.; la segunda se basa en el pensamiento del economista inglés John Keynes.
Son dos formas de política económica, que implican dos visiones diferentes de lo que debe ser la política social.
Para el liberalismo, si el Estado no debe tener una función económica específica, tampoco debe tener una función social específica. El bienestar social se concibe como resultado del funcionamiento libre del mercado, por lo que la adopción de medidas sociales por parte del Estado, por principio, es vista como una alteración del orden “natural” del mercado. Sin embargo, cuando este orden no funciona en las condiciones que los economistas liberales postulaban, éstos admitirían cierta intervención del Estado en lo social, con lo que no sería tan cierta su pretendida hostilidad hacia los intereses de la clase trabajadora o su defensa de los salarios de subsistencia.
En el caso del Keynesianismo, aunque Keynes no defiende de manera específica una función social para el Estado, pues su interés es sobre todo la política económica; su pensamiento es muy funcional para el desarrollo de las políticas sociales y la formación del llamado “Estado benefactor”, desarrollado sobre todo en Europa. Si hasta antes de los años 30 del siglo XX las políticas sociales se reducían a meras obras de beneficencia o de caridad, para paliar los problemas sociales; con el keynesianismo se asiste a un incremento y diversificación de esas políticas, pues son vistas como mecanismos de importancia radical para la propia reactivación económica. Su propuesta de pleno empleo, a partir del aumento de la demanda efectiva, privilegia las políticas de ayuda social a partir del gasto estatal en subsidios para el consumo, para educación, para vivienda, etc. (O)
