Desde que se declaró el estado de excepción en Ecuador, y los militares salieron a patrullar a las calles, ha habido un choque de opiniones.
Algunos han visto con buenos ojos que las Fuerzas Armadas estén en los espacios públicos. Otros, en cambio, han denunciado que su presencia atenta contra los derechos humanos.
Sea como fuere, la presencia militar no ha sido una garantía para brindar seguridad a Ecuador que, desde enero, vive una situación nunca antes vista en el país.
Un asesinato tras otro, colocación de bombas en vehículos y espacios abiertos, y la percepción de miedo tanto adentro como afuera de Ecuador.
Y, aun así, la primera pregunta de la consulta popular, que se realizará en Ecuador el 21 de abril de 2024, está relacionada con los militares:
¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
“Personalmente, yo creo que Fuerzas Armadas puede salir cuando quiera al control de armas. Las Fuerzas Armadas siempre han controlado el uso y tenencia de armas, y han salido a las carreteras. Esta pregunta no decide nada para el país”, opinó Guillermo Cobo, ex comandante general de la Guardia Ciudadana y ex combatiente del Cenepa.
Cobo ha estado analizando las preguntas de la consulta popular y del referéndum con el que los ecuatorianos tendrán que ir por el sí o por el no. Y para él, no es necesario consultar para que los militares cumplan con el control de las armas.
“Le están diciendo al país que esto soluciona la seguridad, pero desde mi punto de vista esta consulta y referéndum es inoficioso”, agregó Cobo.
Militares cerca de cárceles para controlar el uso de armas
Para el ex director de la Facultad de Seguridad y Defensa de la ESPE y ex gobernador del Azuay, Milton Benítez, las Fuerzas Armadas siempre están haciendo los controles de armas, a través de la Ley de Control de Armas.
No obstante, la pregunta que se está haciendo a los ecuatorianos tiene una palabra clave: centros de rehabilitación social.
“Lo que se quiere es que los militares sean un anclaje de las cárceles. Para que de alguna manera estén cerca de las cárceles, haciendo controles. Esa es la razón de la pregunta”, explicó Benítez a El Mercurio.
Sin embargo, para Benítez, hay que ir más allá y pensar en una transformación completa de lo que está sucediendo en los centros de privación de libertad.
Por ejemplo, tras su paso en la Gobernación del Azuay, Benítez vio que en la cárcel de Turi, los agentes penitenciarios no tienen la formación que se requiere para controlar las cárceles.
Con sueldos bajos (gran parte de los agentes penitenciarios ganan un poco más de 600 dólares), sin experiencia y educación adecuada, y expuestos a personajes de alta peligrosidad, el control ha quedado en manos de las bandas delictivas del Ecuador.
“La misión de fuerzas armadas no es esa (controlar las cárceles). Va a haber una presión fuerte de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, ya se han de empezar a reclamar, porque constitucionalmente Fuerzas Armadas no tiene esa misión”, agregó el ex gobernador.
Más allá de esta pregunta, para quienes han analizado las preguntas, lo que se necesita es una intervención total del sistema carcelario, y no parches que luego, asimismo, se pueden poner en contra de lo que realmente deben ser las cárceles: centros de rehabilitación social. (I)
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