José Sánchez Reyes, alcalde del cantón Ponce Enríquez, provincia del Azuay, se suma a la ya larga lista de burgomaestres asesinados en el Ecuador.
No hacía pocas semanas fue asesinada la alcaldesa del cantón San Vicente, provincia de Manabí, cuyas investigaciones hasta el momento no dan con sus victimarios.
En octubre de 2023, José Sánchez, abogado de profesión, denunció amenazas en su contra. Su casa fue abaleada por desconocidos. Esto deja entrever cuan expuesta estaba su vida y, por lo mismo, debió exigir seguridad al Estado como lo han solicitado varios alcaldes, también en peligro.
Ponce Enríquez, por ser un cantón minero, está, desde hacía varios años, expuesto a la acción criminal. Según informes policiales y testimonios de pobladores y autoridades, diversas bandas del crimen organizado pululan por su territorio, perpetrando asaltos, asesinatos, amedrentamientos, tráfico de drogas, tenencia de armas, robos y extorsiones.
En enero de 2024, la Policía y el Ejército capturaron a algunos miembros de una de las más temibles bandas delictivas, considerada por el Gobierno como terrorista, y, como parte de ellos, a sus contumaces cabecillas, prófugos de la justicia.
La actividad económica del alcalde victimado fue la de minero, como la es de su antecesor, Baldor Bermeo, quien, casi al final de su gestión municipal, también fue atacado a bala, sobreviviendo, como lo dijo luego de su recuperación, de milagro.
El asesinato de políticos no puede convertirse en “algo común” en el Ecuador. En casos como estos, lamentablemente la impunidad va imponiéndose, como parecer el destino del magnicidio de Fernando Villavicencio, o las investigaciones son torpedeadas por fuerzas oscuras.
El Ministerio de Interior está llamado a redoblar la seguridad ciudadana en Ponce Enríquez; y la Policía, con el apoyo del Ejército, encontrar a los asesinos de José Sánchez cuya muerte enluta al municipalismo del país.
