Oficializados los cortes de luz sobrevino la toma de decisiones y la andanada de críticas. Así, un problema netamente técnico se politizó y hasta llegó a ridiculices.
El Gobierno, cuando le estalló el problema en la cara, decretó en emergencia al sector eléctrico y defenestró a la ministra de Energía por haber escondido información y no actuar a tiempo.
Hasta allí, normal hasta cierto punto. A renglón seguido denunció un presunto sabotaje, involucrando a una serie de personas ligadas al sector energético.
Son acusadas, entre otros motivos, de haber escondido a propósito la información relacionada a los bajos volúmenes de agua en las represas.
El presidente Noboa y su gabinete ministerial sabían sobre dichos cortes durante el gobierno de su predecesor, incluso en los primeros días de su gestión.
Si bien él se enfrentó a múltiples problemas, entre ellos la inseguridad, no debió perder de vista el relacionado al energético, o, cuando menos, sus estrechos colaboradores en la administración. Para eso están los gabinetes ministeriales. ¿O no los convoca?
El problema siempre estuvo allí. Apenas amainó con las lluvias caídas a finales de 2023 e inicios de 2024. Estaban en curso adquisiciones de equipos para enfrentar la crisis; igual otras medidas emergentes como la repotenciación de las termoeléctricas o reparaciones de varias unidades de generación de las hidroeléctricas.
A alguien se le ocurrió hablar del vaciamiento total de la represa Mazar en apenas 12 horas para inducir los apagones, algo imposible, según expresan técnicos serios.
El Gobierno debe reconocer su impericia y actuar con agilidad para superar un problema causante de millonarias pérdidas económicas.
Eso no implica obviar, como lo denuncia el Régimen y los conocedores de la materia, la corruptela enquistada desde hacía muchos años en los ministerios del ramo, el poder omnímodo de los mandos medios y el juego de poderosos intereses para torpedear licitaciones.
