Con frecuencia, organizaciones rurales realizan en Cuenca marchas para exigirle al Gobierno respete el resultado de las consultas mineras efectuadas en el Azuay en contra de la minería, en especial de los proyectos Loma Larga y Río Blanco.
En la realizada días atrás, a las autoridades locales exigieron la promulgación de ordenanzas encaminadas a proteger los recursos hídricos, a poner en práctica las existentes, y a asumir compromisos serios en defensa del agua; igual, a poner fin a más concesiones mineras.
La situación en aquellos dos grandes proyectos mineros, al parecer sigue inalterable. En Río Blanco, cuya explotación estuvo a punto de arrancar años atrás, según un medio de comunicación nacional, mineros informales estarían haciendo de las suyas. No cualquiera puede ingresar al sector. No damos por cierto esa conclusión, pero los defensores del agua deberían desmentirlo, comenzando por permitir el paso de todos cuantos quieran comprobar in situ la situación, y cuando lo deseen.
En ese proyecto hay por explotar 605 000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata. No deja ser tentadora para la minería ilegal, con padrinos en la política y en el narcolavado.
En Loma Larga, en el cual hay 2.2 millones de reservas de oro, está pendiente una consulta previa a las comunidades colindantes, cuya realización sigue en entredicho. En otras, tanto la población de Girón como la de Cuenca, dijo no a la explotación.
Son problemas latentes. Dependen de resoluciones judiciales. En el caso de Rio Blanco, la empresa minera demandó al Estado. Cientos de millones de dólares están en juego para el Fisco.
La tensión social persiste, abanderada por el compromiso defender el agua desde sus lugares de origen. Estos, en el Azuay, son pródigos. De allí la existencia de muchos ríos cuyos caudales alimentan las represas hidroeléctricas.
Organizaciones sociales y autoridades locales deben reunirse para cruzar informes verídicos a fin transparentar la situación.
