Mientras la Corte Internacional de Justicia de La Haya dilucida sobre el pedido de medidas cautelares interpuesto por México en contra del Ecuador a raíz de la incursión policial en su Embajada en Quito, llama la atención el plan urdido por el Gobierno de Manuel López Obrador para sacar del país al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción y con otros procesos por delante, pese a favorecerlo con el asilo.
No de otra manera se entendería la exposición hecha ante esa Corte por Alfredo Crossato, parte del equipo de abogados contratados por Ecuador, al revelar pormenores de ese plan.
Difícilmente el presidente Daniel Noboa iba a concederle el salvoconducto, mucho más si con su propuesta de consulta popular ponía en juego su credibilidad; y el eventual permiso para la salida de Glas le hubiera sido contraproducente, igual si no ordenaba detenerlo, aun contraviniendo normas expresas del Derecho Internacional.
Según expuso Crossato, horas antes de la irrupción policial el 5 de abril, la Embajada mexicana pidió permiso a Ecuador para el aterrizaje de dos aviones del Ejército, a fin de llevar, dos días después, a la embajadora Raquel Serur y al resto del personal diplomático, pero sin entregar el listado, y cuando aún no se producía el rompimiento de relaciones diplomáticas. ¿Dos aviones para esto?
Enseguida, la Embajada informaba sobre el viaje de Serur: ya no sería en esos aviones sino en vuelo comercial. Esto despertó sospechas en el Gobierno ecuatoriano; peor cuando se le negó, una vez más, autorización para detener a Glas. Entonces sobrevino la dura decisión: el ingreso de la Policía.
Probar si esas acciones sospechosas tenían como finalidad sacar del país a Glas “a escondidas” es difícil; pero sí permiten dudar.
Conocida es la afinidad ideológica de López Obrador con Glas y su movimiento político; también lo es la forma cómo los Regímenes de esta línea se tapan entre sí, se solidarizan entre sí, hasta por casos de corrupción.
