Sandra Cruz / EFE – Quito
La mañana de este lunes 6 de enero de 2020 inició la audiencia de juzgamiento en contra de María Alejandra Vicuña, exvicepresidenta de la Republica, procesada por el presunto delito de concusión o cobro ilegal de diezmos a sus excolaboradores cuando se desempeñó como asambleísta de Alianza Pais (AP) entre 2011 y 2013.
Según la teoría de Wilson Toainga, fiscal subrogante (en la diligencia reemplaza a Diana Salazar), y de acuerdo con la versión de Ángel Sagbay, Vicuña le solicitó el pago de una aportación obligatoria para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
Entre 300 y 1.400 dólares se presume habrían sido los montos que se depositaron en la cuenta de Vicuña. El capitán de Policía Carlos Molina, actual funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, se presentó como el primer testigo de la Fiscalía, aunque Ana María Ontaneda, abogada de Vicuña, lo cuestionó por una presunta falta de contrastación en la información recabada. Según Molina obtuvo una parte de su investigación de tuits publicados en la red social.
La Fiscalía tiene previsto presentar al menos 17 testigos presenciales, mientras que la defensa de Vicuña, alrededor de 20.
Por pedido de la Fiscalía, el juez Iván Saquicela dispuso la prohibición de salida del país y enajenar un departamento que la exvicepresidenta tiene en Quito. Además de la presentación periódica ante la autoridad.
Tras la salida de la exvicepresidenta, la Asamblea Nacional (Parlamento) designó como su reemplazo al empresario Otto Sonnenholzner, de una terna enviada por el jefe de Estado, Lenín Moreno.
Sonnenholzner asumió el 11 de diciembre de 2018 como tercer vicepresidente de Moreno y se convirtió en el primero en el cargo que no estuvo vinculado a Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.
A Vicuña le precedió en el cargo Jorge Glas, elegido en tándem con Moreno en los comicios de 2017 pero que en diciembre de ese año fue juzgado y condenado en primera instancia por un delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de la firma brasileña Odebrecht, que él niega. EFE
