Daniel Salcedo, en su testimonio anticipado, informó sobre el tarifario corrupto con el que se maneja la justicia en Ecuador.
¿Cuánto se paga por la justicia en Ecuador? Daniel Salcedo, alias “Bellito”, rindió el 3 de junio del 2024 su testimonio anticipado en el caso Purga, que investiga a la infiltración del crimen en la Corte Provincial del Guayas; en el que informó sobre el tarifario que manejan los jueces para fallar irregularmente a favor de los procesados.
Salcedo señaló haber sido extorsionado por los jueces, a quienes pagó hasta 150 mil dólares por un fallo, pero le llegaron a pedir hasta 1 millón de dólares, los cuales no canceló.
Según señaló Renato Montero, abogado de Salcedo, su cliente llegó a pagar, para lograr sentencias a su favor, una suma total de medio millón de dólares, sin embargo, algunos jueces le pidieron hasta 1 millón de dólares y 300 mil dólares, a los que se habría negado.
“Ha existido un sistema de corrupción, encriptado no solo en la Corte Provincial, sino a nivel nacional, Daniel ha sido víctima de estas extorsiones judiciales; si no pagaba, se quedaba detenido, en algunas causas en las que no pagó fue ratificada su pena, lo que él hacía es buscar opciones para quedar libre”, afirmó Montero.
El origen de la extorsión
Salcedo afirmó que las supuestas extorsiones de los jueces fueron la causa por la que decidió huir del país, cuando fue señalado por ser parte de la corrupción en los hospitales y sufrió un accidente en la avioneta en la que viajaba, que se cayó en Perú, ocurrido el 8 de junio del 2020.
En aquella ocasión, según Salcedo, el juez Reinaldo Cevallos le pidió 300 mil dólares por no dictar prisión preventiva y otorgarle arresto domiciliario, lo cual le pareció exagerado, por lo que prefirió escapar. “Yo era nuevito en esto”, dijo el procesado.
Montero explicó que con el pasar del tiempo su cliente se «inteligenció» sobre los costos que tenía cada sentencia o decisión judicial, dependiendo de su dificultad, por ejemplo, por obtener la libertad se podía llegar a pagar hasta 150 mil dólares, pero por un diferimiento de audiencia o por un sorteo direccionado no se pagaba más de 5 mil o 10 mil dólares.
La versión de alias ‘Bellito’ fue ratificada por Mayra Salazar, operadora del narcotraficante Leandro Norero (+) en la Corte Provincial del Guayas, quien también rindió testimonio anticipado, en el que confirmó que la justicia en Ecuador tiene un precio y que Salcedo le pagó a varios jueces por los fallos a su favor; en algunos procesos intervino Fabiola Gallardo, expresidenta de esta Corte, con quien el procesado tuvo una relación personal.
Como ejemplo, Salazar señaló que en uno de los procesos en contra de Salcedo los jueces Henry Taylor y Guillermo Valarezo aceptaron el pago de 50 mil dólares a cambio de beneficiarle; mientras que el tercer magistrado que integraba este tribunal, Henry Morán, le pidió un millón de dólares, a lo que el procesado se negó.
Los castigados
¿Qué pasaba cuando un juez se negaba a colaborar? Según lo relató Mayra Salazar, dentro del sistema de justicia también existían jueces honrados que rechazaban los pagos a cambio de sentencias, en castigo, eran perseguidos por el sistema corrupto que habían montado en el Corte Provincial del Guayas su presidenta, Fabiola Gallardo, y el exlegislador socialcristiano, Pablo Muentes.
Esto precisamente le pasó al juez Alfonso O. quien por negarse a fallar a favor de Pablo Muentes, en el caso que tenía en contra del Banco del Pacífico, fue trasladado de la Sala Civil Mercantil a la sala de la Familia, Niñez y Adolescencia. En la versión que dio el magistrado este negó que su traslado haya obedecido a su negativa de colaborar en este caso, según Salazar, por temor.
Tramitó su libertad con Glas
El habeas corpus que el exjuez Banny Molina expidió a favor de Daniel Salcedo y el expresidente Jorge Glas, no fue una coincidencia, lo planificaron juntos con el abogado que tenían en común, Christian Romero, quien actualmente se encuentra prófugo.
Salcedo en su testimonio señaló que Romero le pidió por su libertad 150 mil dólares, a lo que el procesado consultó cuánto pagaría Glas, pero eso, según el abogado, había sido tramitado previamente por Virgilio, cuando la fiscal Diana Salazar consultó ¿Virgilio qué?, este señaló “Hernand, no me acuerdo».
Pero el nombre y el apellido coincidiría casi con exactitud con el exasambleísta y actual parlamentario andino de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández.
Hernández no se ha pronunciado sobre el tema, quien salió en su defensa fue el expresidente Rafael Correa, quien acusó al abogado de Salcedo, Renato Montero, de ser contratado por la Fiscalía para acusar a personas vinculadas con el correísmo; el jurista negó lo dicho por el exmandatario y recalcó que la defensa la ejerce de forma autónoma y que su única intención es que su cliente diga la verdad.
Exjuez descalificado e investigado
Los tres mejor puntuados en el concurso para designar a la máxima autoridad de la Defensoría Pública: Rodrigo Frías Toral, Byron Guillén y Jorge Ballesteros, fueron excluidos del proceso por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
En primer lugar, se aceptó la renuncia de Rodrigo Frías, quien fue señalado por supuestos negocios con el narcotraficante Leandro Norero (+).
Mientras que Guillén fue mencionado este 3 de junio del 2024 por Daniel Salcedo, como uno de los jueces que le solicitaron coimas a cambio de fallos, por lo que la Fiscalía abrió una investigación en su contra.
Según Salcedo, Guillén le pidió 140 mil dólares para beneficiarle en el proceso por lavado de activos, le dio un adelanto de USD 70 mil, pero, tras ser vinculado al caso Metástasis huyó a Panamá y no pudo cancelar el resto, por lo que el exjuez de la Corte Nacional de Justicia lo sentenció.
Posteriormente, el juez le devolvió el anticipo, a través de depósitos a terceros, pero que le quedó debiendo 10 mil dólares.
En cuanto al tercer candidato a la Defensoría Pública, Jorge Ballesteros, el CPCCS le detectó la falsificación de sus documentos.
La Defensoría Pública está a cargo de los abogados contratados por el Estado para defender a quien no tiene defensa propia; además, la importancia de este cargo también radica en que su máxima autoridad designa a un miembro del Consejo de la Judicatura, órgano disciplinario de la justicia en Ecuador.
